DESTRIPACUENTOS Por Antonio Callejo
- La CNDH mantiene desde 2016 la misma categoría al sistema penitenciario del estado, aunque el órgano estatal reconoció mejoras y avances
- Fuera del área de `reprobado´, el sistema de penales está en la media nacional por primera vez en la historia
- Cristina Torres impone un `ultimátum´ a Aguakan e involucra a los solidarenses en su fiscalización de obras y servicios. Iremos a la recisión si así los deciden los ciudadanos
Cancún, Quintana Roo – Durante los doce meses del 2017, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública del gobierno del estado, atendió una serie de alertas señaladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un diagnóstico penitenciario del año anterior, de manera que podría ser injusta la calcificación que mantiene en esa tabla, cuya última emisión fue el año anterior, es decir, el 2016.
La CNDH tiene un retraso en la publicación del diagnóstico correspondiente al 2017, aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sí emitió un informe de su supervisión, en el cual el sistema penitenciario de Quintana Roo alcanzó un puntaje de 6.04, lo cual le permitió salir de la `zona de reprobación´, para ubicarse por primera vez en la zona `aprobatoria con alertas´, prácticamente en la media nacional.
Ésta, la de la atención a personas privadas de su libertad, es una de las áreas que interesa de manera particular al gobierno de Carlos Joaquín, pues forma parte integral del abordaje de la problemática de la seguridad pública.
Y, también hay que decirlo, se trata de un tema bien complejo, pues no se puede dejar de observar la gran cantidad de variables que lo componen.
Desde los altos índices de migración, que generan una presión constante a la población de los centros de reclusión, pasando por la apretura de los recursos económicos, hasta la ausencia de un centro de readaptación social del orden federal, que se ha pospuesto en varias ocasiones.
En una entrega anterior citamos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cerró su reporte al mes de mayo de 2016, en donde Quintana Roo se ubicó entre los últimos cinco estados del país, con una calificación reprobatoria de 5.25.
Se entiende si miramos con atención el crecimiento explosivo de la población en las cárceles, principalmente la de Cancún, cuya capacidad es para mil varones y 50 mujeres, cuando en la realidad mantiene a mil 800 internos y 97 reclusas, una sobrepoblación de casi un 100 por ciento.
En su momento, el secretario de Seguridad Pública del estado, Rodolfo del Ángel Campos, informó que de acuerdo con el informe de la CEDH, al cierre de 2017 el sistema penitenciario alcanzó un incremento que le permitió colocarse en una zona aprobatoria por primera vez en la historia de la entidad.
Dijo:
“Esta diferencia de porcentaje a favor, refleja el trabajo del gobernador, que se lleva a cabo a través de la SSPQROO, pues gracias a la estrategia de renovación del sistema penitenciario en la entidad, se han efectuado acciones de contención, mejora en infraestructura, elaborado protocolos de actuación, la integración de consejos técnicos interdisciplinarios por cada centro de internamiento, además de que se cuenta ya con un avance de más del 50 por ciento en el proceso de certificación internacional de la cárcel de Cozumel”.
Y adelantó los planes para incrementar la capacidad de atención.
“Tenemos proyectada la nueva cárcel en Cancún, que permitirá entre otras cosas despresurizar el número de población en internamiento, además logramos que en todo el estado se tenga ya la clasificación criminológica de expedientes técnicos, condiciones dignas de estancias como el comedor y la biblioteca, así como normas y beneficios con enfoque de género, todo ello en cumplimiento de ejes de reinserción contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, buscamos generar para la población penitenciaria una vida más digna que les permita una verdadera reinserción social”.
Luego entonces y en resumen, Quintana Roo se emprendieron una serie de medidas para atender las alertas señaladas por la CNDH en su informe de 2016, pero no se ha movido su lugar en esa tabla por la sencilla razón de que el nuevo diagnóstico, el que debe corresponder al 2017, no se ha dado a conocer por alguna razón que se desconoce.
El Ombdusman estatal reconoció esos avances y fue éste el que le asignó la nueva calificación al alza, aprobatorio por primera vez en la historia del estado.
El reto es grande. El crecimiento poblacional asociado a los fluhos migratorios es una complicación, así como la ausencia del centro de readaptación social del nivel federal.
Pero hay avances, que se deben reconocer. Y así vendrá el diagnóstico del órgano nacional.
Ultimátum a Aguakán en Solidaridad
La presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, dio a conocer a detalle las medidas que corresponden a un proceso legal en contra de la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado, que podría culminar en la recisión del contrato, y en el cual involucró a los ciudadanos para que aporten, con su experiencia de clientes insatisfechos, su parte en esta decisión.
En resumen:
Durante este mes siguiente, el ayuntamiento animará a los ciudadanos a aportar sus puntos de vista de acuerdo con el trato que reciben de esa concesionaria. Y con esa participación, Torres Gómez podrá emprender las medidas legales que correspondan, inclusive el inicio de un proceso que podría llevarse varios años, según advirtió la primera edil.
“Que quede claro, estamos poniendo a Aguakan contra la pared… este es un ultimátum contra Aguakan”.
Torres Gómez dio esta explicación, luego de terminar una reunión con directivos de esa empresa, a quienes reconvino sobre una serie de incumplimientos en terminados de calidad a la hora de abrir calles para introducir o reparar líneas de alimentación de agua potable.
“Les dimos permiso de abrir las calles, pero al cerrarlas no están cumpliendo con la calidad de los terminados”, indicó.
La funcionaria dejó bien claro que los ciudadanos tienen numerosas quejas relacionadas con cobros excesivos, `tandeos´ en el suministro del recurso, así como malos tratos y abusos a la hora de cambiar medidores.
Por eso fue enfática en el sentido de que su batalla contra Aguakan no ha terminado, si no que se encuentra en una etapa de acopio de pruebas y testimonios, todos tendientes a exigir a la concesionaria el cumplimiento cabal de los términos del contrato y la satisfacción de los solidarenses.
“O el juicio para la recisión de contratos, que se puede tardar años, pero lo haremos igual si es lo que resulta de este proceso”. @AntonioCallejo
