- *Laura Fernández, vende tierras chuecas «La Fé» y «Tierra Nueva», Sol Quintana Roo muestra parte del expediente del litigio.
- *Los predios de la «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A. de C.V.» fueron embargados y rematados por un juez laboral
- *La tierra en donde están las colonias irregulares «La Fe» y «Tierra Nueva» son de Francisco Poot Dzib y Patricia Rodríguez Espíndola más no del falso dueño Luis Felipe Campos Castillo
- *La presidenta municipal con licencia engaña a las 460 familias a las que les pretende cobrar más de 76 millones de pesos y sumarlas a su capital político rumbo a su pretendida reelección
Puerto Morelos.- En un acto por demás violatorio de la ley y con plena conciencia de que los predios donde se encuentran asentadas las colonias irregulares «La Fe» y «Tierra Nueva» han sido embargados y rematados por orden juez federal, la presidenta municipal con licencia Laura Fernández Piña ha firmado compromisos y alianzas para comercializar 460 lotes en 160 mil pesos cada uno.
En complicidad con los supuestos dueños de la empresa virtual «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.», Fernández Piña pretende consumar el delito de despojo al otorgar un falso patrimonio a cientos de familias del municipio buscando un doble beneficio, pues la supuesta regularización de la tierra representa un jugoso negocio que supera los 73 millones de pesos y la garantía obtener un capital político de más de 500 familias que le deberán expresar su agradecimiento en las urnas en su intento por reelegirse como presidenta municipal.
Sin embargo, documentos en poder de Sol Quintana Roo revelan que derivado de la denuncia laboral interpuesta en 2010 por Francisco Poot Dzib y Patricia Rodríguez Espíndola contra la empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.» se determina que el predio en donde se encuentran asentadas las colonias irregulares «La Fe» y «Tierra Nueva» fue embargado y sometido a remate.
Durante el largo proceso, los quejosos reunieron todas y cada una de las pruebas que acreditaban la existencia de la demandada «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.» y sus propiedades, y pese a estar bien ubicada la dirección de la empresa para oír y recibir notificaciones, los representantes nunca acudieron a los llamados de las autoridades laborales y del gobierno del estado para indemnizar a los trabajadores despedidos de manera injustificada.
Y es precisamente esta desaparición súbita de los verdaderos dueños de los predios, al presidente de la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje, Javier Ernesto Rosado Sauri, y a la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan) del Estado a ordenar el embargo y el remate del predio ubicado en la súpermanzana 17, manzana 150, con una superficie cercana a los 100 mil metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.
El expediente 610/2010 consistente en más de 150 hojas, cuyas copias obran en poder de este reportero, revela que Francisco Poot Dzib y Patricia Rodríguez Espíndola, junto con su abogado César Amir Rodríguez Delgado, entablaron una denuncia laboral por despido injustificado, en el que solicitaban una indemnización de un millón 700 mil pesos, cifra que se acumuló a lo largo de tres años del proceso.
En uno de los documentos que se muestran en este reportaje, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 3, con sede en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, representada por su presidente Javier Ernesto Rosado Sauri, con fecha de 12 de junio del 2013, el remate en novena almoneida del inmueble ubicado en el Lote 1-7, manzana 36 supermanzana 17, de la reserva territorial del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) de Quintana Roo, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cancún con el folio electrónico número 160761 propiedad de Gustavo Aguilar Grajales.
Sin embargo, la misma Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 3 ordena al Registro Público de la Propiedad y del Comercio la adjudicación del predio a favor de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib.
El documento en el que se solicita adjudicar el predio a los quejosos señala: la Junta Especial Número 3 de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo solicita al abogado César Amir Rodríguez Delgado, apoderado legal de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib solicite que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio inscriba en el mismo que el bien inmueble ubicado en lote 1-7 manzana, 36 supermanzana 17, de la reserva territorial de IPAE que se encuentra inscrito en el folio mercantil 160761 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que ha sido debidamente adjudicado a favor de Laura Patricia Rodríguez Espíndola y Francisco Poot Dzib.
Como se podrá observar, la malicia de la presidenta municipal con licencia Laura Fernández Piña y de la supuesta empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste S.A.», modificaron la dirección del predio.
Por un lado, la presidencia municipal de Puerto Morelos afirma que los predios ‘Tierra Nueva’ y ‘La Fe’ se ubican en la súpermanzana 17, manzana 150, lote 08, y cuentan con una superficie de 99,975.77 metros cuadrados, en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, sin embargo, la verdadera dirección del inmueble es Lote 1-7, manzana 36, supermanzana 17, y tiene origen en la reserva territorial del IPAE de Quintana Roo. Al realizar las consultas respectivas se determinó que se trata del mismo predio inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cancún con el folio electrónico número 160761 y el verdadero propiedad es Gustavo Aguilar Grajales y no Luis Felipe Campos Castillo como lo presentó Fernández Piña.
Como se recordará, Sol Quintana Roo informó oportunamente sobre el fraude que se pretende perpetrar contra 500 familias asentadas de manera irregular en los predios La Fe y Tierra Nueva.
En aquella ocasión, informamos que con una empresa «fantasma», la presidente municipal con licencia de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, pretendía echar a andar un negocio con una «empresa» suplantada y ficticia ante los ojos de las autoridades hacendarias y de la Secretaría de Economía.
Entrevistados por Sol Quintana Roo, empresarios y líderes sociales del joven municipio informaron que la empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV», supuesta administradora de los terrenos irregulares, no cuenta con una dirección fiscal en ninguna parte del país.
Además, fuentes del Sistema de Administración Tribitaria (SAT), confirmaron que la empresa «Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV», no cuenta con un domicilio fiscal en ninguna parte de país ni tampoco es una empresa vigente que haga aportaciones tributarias.
Y por si fuera poco, Sol Quintana Roo comprobó que la empresa no aparece en el Registro Público del Comercio, por lo que se estaría cometiendo un gran fraude.
Lo más cercano a la empresa lo dió una búsqueda de Google. Allí se encuentra la «Constructora Rural y Urbana del Sureste SA de CV» con una dirección en la Privada 10-a #291, fraccionamiento Jardines de Vista Alegre, Mérida, Yucatán, México, CP 97130.
Sin embargo, en ese lugar solo hay una vivienda con evidentes señas de abandono. Personal del Grupo Sol en Mérida, Yucatán, acudieron al lugar y no encontraron oficinas ni talleres de la supuesta empresa.
FUENTE: SOL QR
