El decreto presidencial para constituir una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa es el primer paso concreto del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para esclarecer el crimen contra los 43 normalistas desaparecidos desde hace más de cuatro años en Guerrero.
El documento, que este martes se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), brinda esperanzas a los padres y las madres de los jóvenes, porque hasta ahora ha habido desdén de las oficinas gubernamentales para aportar información, dijo este lunes el abogado Santiago Aguirre, quien forma parte de los defensores de derechos humanos que han trabajado de cerca con las familias de los estudiantes.
«El principal obstáculo era la falta de voluntad a nivel presidencial, y esa ya se removió», señaló.
Aquí exponemos cuáles son los avances de esta decisión del nuevo jefe del Poder Ejecutivo federal, a decir de funcionarios y juristas.
¿Investigará la Comisión de la Verdad o la Fiscalía General?
El decreto sobre la comisión faculta a las oficinas gubernamentales para que colaboren entre sí y compartan información, para saber qué ocurrió y eventualmente encontrar a los normalistas.
¿A qué parte del gobierno involucrará?
El decreto presidencial implica que pueda fluir toda la información relacionada con el caso que esté en manos de las dependencias federales. Se podrán hacer búsquedas en archivos, mientras que aspectos como los relacionados con la cooperación internacional se solicitarán de inmediato a través de la Cancillería.
«El decreto abarca toda la administración pública o la orden de que quien tenga información la dé; es muy relevante porque hay documentos clasificados por la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), que pudieran ser relevantes para la investigación, que no se han entregado», dijo Aguirre.
¿Qué información se desconoce?
El decreto busca que se conozca información que ni siquiera se ha allegado a la investigación ni se ha hecho pública, como los reportes generados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar, referentes al contexto previo a los hechos.
Tales informes refieren posibles nexos entre la delincuencia organizada y autoridades de municipios de esa región de Guerrero, por lo que su conocimiento serviría para profundizar en algunas líneas de investigación, dijo Aguirre.
La PGR, agregó, impidió el acceso a las investigaciones relacionadas directamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos, y el órgano internacional que vino a México no pudo verlas. El decreto se propone derribar obstáculos como ese.
¿Cuándo arrancarán los trabajos?
Independientemente lo que pase en las instancias judiciales, la comisión podría quedar conformada en los siguientes 30 días y avanzar realizando solicitudes de información que deberán integrarse en la investigación de la Fiscalía General.
«No sabemos si vaya a ser una Fiscalía Especial. El uso de ese concepto no es el que más les gusta a los padres y las madres porque México está lleno de historias de fiscalías especiales que fracasan. Adicionalmente, sí hay una sentencia de un Tribunal que le ordena a la procuración de justicia que tenga esta unidad o instancia unos contenidos muy precisos», dijo Aguirre.
¿Hay presupuesto asegurado?
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, aseguró que en el presupuesto de 2019 estará asegurado el funcionamiento de esta comisión, que quedará adscrita a su subsecretaría, aunque el monto hasta ahora se desconoce.
¿Se buscará reavivar líneas de investigación?
Sí. En la experiencia de los padres, si el Ministerio Público enviaba un oficio a una dependencia para solicitar información, esta era negada y esas líneas de investigación se dejaron de seguir. Ahora, con la operación de este decreto y la obtención de información, podrían seguirse de nueva cuenta esas líneas de investigación.
¿Se actuará contra el Ejército?
«La lucha de los padres no ha sido nunca contra el Ejército como institución. Lo que tenemos son datos de que ese 27 Batallón tenía individuos con señalamientos muy claros de vínculos con la delincuencia organizada. Esos individuos tienen que ser investigados», señaló Aguirre.
FUENTE: ADN POLÍTICO
