Redacción Macronews.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia impuso una multa de 26 millones de pesos colombianos (aproximadamente 6 mil dólares) al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas por presentar un recurso judicial que contenía normas y sentencias inexistentes, las cuales fueron generadas mediante el uso de inteligencia artificial (IA).
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El alto tribunal certificó que ninguna de las providencias citadas en el documento figuraba en los sistemas oficiales de consulta judicial. Tras la verificación, el propio abogado reconoció que las imprecisiones fueron consecuencia, “posiblemente de un programa de inteligencia artificial que se trabaja con el fin de agilizar las contestación y tramites (sic)”, según consta en la sentencia dada a conocer este lunes.
TEMERIDAD PROCESAL Y “PSEUDO-DERECHO”
La decisión judicial determinó que el profesional incurrió en “temeridad procesal” al invocar artículos mal citados y precedentes inexistentes en un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra un fallo del Tribunal Superior de Villavicencio.
La Corte enfatizó que el abogado incumplió su deber profesional de verificar la autenticidad de las fuentes antes de incorporarlas al proceso, y advirtió que dicha obligación es indelegable, incluso cuando se emplean herramientas tecnológicas para apoyar la elaboración de escritos jurídicos.
En su fallo, el tribunal alertó sobre el riesgo de introducir en actuaciones judiciales lo que denominó “pseudo-derecho”, es decir, contenidos inexistentes que aparentan ser jurisprudencia válida. Asimismo, subrayó que los modelos de lenguaje generativo pueden producir información falsa aunque verosímil, lo que exige un control riguroso por parte de los profesionales del derecho.
REMISIÓN A INSTANCIA DISCIPLINARIA
Como parte de las medidas adoptadas, la Corte ordenó remitir el caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que determine si el abogado incurrió en una falta disciplinaria y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes.
La resolución se perfila como una de las primeras decisiones en Colombia que aborda de manera directa la responsabilidad de los abogados por el uso indebido de inteligencia artificial en actuaciones judiciales, estableciendo un precedente relevante sobre la obligación de verificar exhaustivamente la información generada por estas herramientas tecnológicas.
