Donald Trump redobla su castigo a Brasil. Los intentos del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de alcanzar un acuerdo con el que sortear los aranceles del 50% con los que había amenazado por carta el presidente de Estados Unidos se encontraron con un portazo en las narices antes incluso de que terminara el plazo del 1 de agosto que dio el propio Trump para su entrada en vigor. La Casa Blanca no esperó más y confirmó este miércoles que el gigante sudamericano estará sujeto al gravamen más alto impuesto por Estados Unidos a un país, tras la bajada temporal aplicada a China, que llegó a sufrir una tasa del 145%.
Trump también dio siete días para que entrara en vigor una orden que incorpora excepciones para ciertos productos.
Washington vinculó el castigo, que en realidad supone un aumento del 40%, que se suma al arancel universal anterior, del 10%, a “las recientes políticas, prácticas y acciones por parte del Gobierno de Brasil que constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, según un decreto firmado por Trump y publicado por la Casa Blanca. En él, se invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Es la misma a la que se recurrió en febrero para poner aranceles a México y Canadá con el pretexto de que estos países no hacen lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo.
Los motivos para el castigo a Brasil también son extraeconómicos: la balanza comercial es positiva para Estados Unidos, pero su presidente busca con este arancel influir en el juicio contra un amigo, el exmandatario Jair Bolsonaro, al que se lo está juzgando por su presunta implicación en el golpe de enero de 2023.
Se enfrenta a una larga pena de prisión. Y claramente, Trump ve en lo que considera una “persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos” un espejo de sus acciones durante el asalto al Capitolio de dos años antes. El juez del Tribunal Supremo que lo sentó en el banquillo, Alexandre de Moraes, se enfrentará, según se supo este miércoles, a más sanciones y a un bloqueo económico casi total en Estados Unidos.
La decisión ejecutiva, si bien es muy dura, excluye del castigo tarifario a los aviones civiles fabricados por Embraer, una de las empresas más emblemáticas de Brasil, cuyos aparatos emplean las aerolíneas estadounidenses en sus viajes de corto recorrido. Consecuentemente, las acciones de la compañía subieron más del 7% en la bolsa de São Paulo apenas se conoció la noticia. También quedaron fuera de la lista del 50% productos como el silicio, el estaño, la pulpa de madera, los metales preciosos o los fertilizantes.
La lista de exenciones, sin embargo, no se extendió a otros productos brasileños esenciales para el sostenimiento de su condición de potencia agrícola.
El decreto que confirma el tarifazo acusa al Gobierno brasileño de perseguir a Bolsonaro y sus simpatizantes, a pesar de que el proceso lo lidera una instancia judicial: el Supremo. Lula se ha quejado en varias ocasiones de que Trump no reconoce que en Brasil existe separación de poderes.
El texto de la Casa Blanca cita directamente al juez Moraes, al que acusa de abusar de su autoridad para intimidar a sus oponentes políticos. Poco antes, el Gobierno de Estados Unidos había aplicado al magistrado la llamada Ley Magnitsky, pensada para sancionar a individuos que violan los derechos humanos.
Desinformación y delitos de odio
El texto también carga contra el juez por su batalla contra la impunidad de los delitos de odio y la desinformación en las redes sociales, recordando que cuando empresas tecnológicas de Estados Unidos se han negado a cumplir sus órdenes (en virtud de la legislación brasileña) se les han impuesto multas, se han abierto procesos penales a sus directivos o se han congelado activos.
Es una alusión velada al enfrentamiento con X (antes Twitter), compañía que, tras negarse repetidamente a cumplir decisiones judiciales, estuvo bloqueado en Brasil durante semanas. Al final, Elon Musk, su propietario, se rindió y acató la ley. Los intentos de las autoridades brasileñas por responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas por el contenido que se publica en redes sociales, y el impacto económico que eso genera, son un ingrediente importante del enfado de Trump con Brasilia, más allá de Bolsonaro.
En caso de que Moraes tenga empresas en Estados Unidos, serán bloqueadas. Tampoco podrá realizar transacciones financieras con empresas o ciudadanos del país con tarjetas de crédito de bandera estadounidense.
El juez fue incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la decisión tiene que ver con los problemas judiciales de Bolsonaro. “Moraes está detrás de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesos judicializados con motivación política, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro”, afirmó.
El juez más mediático de Brasil está en el punto de mira desde hace tiempo. A mediados de mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se revocaban los visados de entrada a Estados Unidos de Moraes y otros jueces del Supremo y sus parientes. No todos, únicamente los que el Gobierno Trump considera cómplices de la “caza de brujas” contra Bolsonaro.
La posibilidad de que el magistrado fuera castigado sonaba desde hacía tiempo, ya que era el objetivo primordial del diputado Eduardo Bolsonaro. El hijo del expresidente es una presencia frecuente en los círculos de la extrema derecha estadounidense que nutren ideológicamente el trumpismo. Lleva instalado en Washington desde hace meses para presionar en favor del chantaje a Brasil, y lo festejó como un “hito histórico”. También aprovechó para exigir de nuevo que el Congreso brasileño apruebe una amnistía para su padre y el resto de presuntos golpistas para “restaurar la paz”.
La norma que ahora se usa contra la Justicia brasileña fue creada en 2012 en homenaje al abogado ruso Sergei Magnitsky, que murió en la cárcel tras denunciar un esquema de desvío de dinero por parte de autoridades rusas. La idea inicial era castigar a oligarcas y miembros del Gobierno ruso, pero cuatro años después se decidió que la ley podría usarse en casos más amplios de violaciones de Derechos Humanos y aplicarse a ciudadanos de todo el mundo.
Para la extrema derecha brasileña, Moraes es el símbolo de todo lo que detestan y la principal diana de su odio, más incluso que el presidente Lula da Silva. El motivo más obvio es que lidera el juicio contra Bolsonaro, que en septiembre podría enfrentarse a una condena de hasta 43 años de cárcel por haber liderado un intento de golpe de Estado contra Lula tras las elecciones de 2022.
