De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el año pasado, el 2020, se registraron 692 ataques en contra de medios de comunicación y periodistas, esto se traduce en una agresión contra la prensa cada 13 horas y un 13.62 más que en 2019.
Para variar, 49.5% de estas agresiones fueron cometidas por agentes del Estado. Así lo revelaron en su informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de los derechos humanos “Distorsión: el discurso contra la realidad”.
El director regional de esta organización, Leopoldo Maldonado, explicó que durante el año pasado el sello del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue usar la distorsión como un mecanismos para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso ¿cómo? digamos, por ejemplo, la frasesita de “yo tengo otros datos”.
El 2020 fue el año más violento contra la prensa desde que se tiene registro. 17 periodistas han sido asesinados por razones relacionadas a su labor en lo que va de la administración de López Obrador. El año pasado fueron 6 periodistas.
Los estados con más agresiones fueron la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, que juntos sobrepasan el 47 nacional de las agresiones.
27.6% de todas las agresiones contra la prensa en el año pasado fueron de carácter digital y 16.3% fueron por la cobertura de la pandemia por COVID-19.
Foto: Artículo 19
Las mañaneras
Artículo 19 señala que durante las conferencias de prensa matutinas desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador configuró un ejercicio “medular de la estrategia gubernamental” desde las que “juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma”.
Además en su informe la organización analiza la estigmatización que se hace de cualquier voz crítica, en particular a los periodistas a quienes el presidente calificó abiertamente de adversarios. Para acabarla de amolar, los “otros datos” que el presidente presume tener frecuentemente, sobre todo en materia de derechos humanos, parece que no existen en los acervos documentales de las dependencias que cita.
“Cuando el presidente emite una declaración que tiende a desdeñar problemas como la violencia contra las mujeres o que busca estigmatizar a víctimas de la violencia criminal y de Estado, solicitar evidencia documental que sostenga sus afrmaciones tiene como consecuencia entrar a un laberinto burocrático para obtener esos “otros datos” o para, de plano, corroborar que no existen. A la larga, el farragoso, técnico y complejo camino para obtener información por los canales institucionales es un excelente disuasivo para evitar ejercicios duraderos de verifcación frente a los dichos del jefe del Ejecutivo“, explican.
Resulta que cuando se le pedía información a presidencia vía transparencia, en 2019 no había declaraciones de incompetencia. Sin embargo en 2020 fueron 320.
FUENTE: Sopitas
