Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reglamenta la reforma al artículo 105 de la Constitución, el cual está relacionado con la llamada “supremacía constitucional”, es decir, la inviabilidad de impugnar reformas o adiciones a la Carta Magna, pero la devolvió al Senado con correcciones.
La minuta que se recibió del Senado fue avalada por 335 votos en favor, 125 en contra y una abstención (del petista Amarante Gómez Alarcón), después de un debate que se extendió por casi tres horas y media, en el cual los partidos mayoritarios afirmaron que el propósito es evitar que las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sean usadas por grupos de poder económico para frenar políticas públicas.
La oposición, en tanto, alertó que con la legislación termina de consolidarse un modelo “autoritario”.
Blanca Gutiérrez (PAN) manifestó que la propuesta de “supremacía constitucional” debilita al Poder Judicial, pues “lo somete completamente a la voluntad del Ejecutivo. Esta modificación impide que los cambios a la Constitución sean impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin importar cuán perjudiciales sean”.
De esta manera, dijo, cualquier gobierno con mayoría en el Congreso “podrá realizar cambios a la Constitución sin límites y sin que nadie pueda cuestionarlos. Ya no importará si una reforma viola derechos humanos, destruye contrapesos o afecta gravemente la vida de los mexicanos. No habrá manera de frenarla”.
Al establecer que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales no serán válidas para inconformarse en contra de alguna enmienda a la Carta Magna, “se elimina la posibilidad de que ciudadanos e instituciones puedan defenderse ante abusos de poder. Con esta reforma, la SCJN ya no podrá hacer su trabajo y el Poder Legislativo podrá actuar sin ningún control”.
El priísta Emilio Suárez Licona coincidió en que “resulta un despropósito cancelar la posibilidad de que la Suprema Corte, en ejercicio de sus atribuciones en su carácter de tribunal constitucional, pueda revisar reformas constitucionales notoriamente regresivas”.
Lo anterior, dijo, porque “de un plumazo, ahora la Corte estará impedida para poder decretar la suspensión de ordenamientos, reglamentos o decretos aún y cuando en su aplicación se verifiquen trasgresiones irreversibles de derechos humanos”.
“Frenamos a ministros golpistas”
En defensa de la iniciativa, Ricardo Mejía Berdeja (PT) rechazó las acusaciones de los partidos de oposición, a quienes “se les acabó el ingenio y hoy se han convertido en sofistas, mentirosos, malabaristas de las palabras, cuando la realidad es que el juicio de amparo sigue, la controversia constitucional sigue, las acciones de inconstitucionalidad prevalecen”.
En ese tono, festejó que las reformas constitucionales ya no se puedan impugnar, pues de esta forma “acabamos con la intentona golpista de tener un gobierno de jueces, de usurpar las funciones del Poder Legislativo, de convertir a los ministros golpistas en actores políticos, más que en jueces imparciales”.
Arturo Olivares Cerda, de Morena, subrayó que el dictamen que reglamente la enmienda al artículo 105 constitucional pretende mejorar la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pues “la experiencia nos ha demostrado que, sin una ley reglamentaria clara y precisa, la interpretación de estos recursos puede generar incertidumbre o permitir la impunidad en ciertos casos”.
El legislador advirtió que “no podemos permitir que el abuso de recursos jurídicos retrase la impartición de justicia o que se utilicen con fines meramente políticos. La seguridad jurídica de nuestra nación depende de que estos mecanismos sean usados con responsabilidad y en beneficio del pueblo”.
Pese a la relevancia de la enmienda, por momentos el salón de plenos de la Cámara lució prácticamente vacío, con muy pocos diputados que atendieran los argumentos de los oradores en tribuna.
El dictamen fue devuelto al Senado, para que allí se corrija una inconsistencia de técnica legislativa que había sido advertida el martes en comisiones por el priísta Emilio Suárez Licona.
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Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que durante el análisis a la minuta se observó una inconsistencia de técnica legislativa en los artículos 46, 47 y 48 del dictamen, “en los que se hace referencia a un penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, y para su adecuada armonización corresponde un antepenúltimo párrafo”.
De esta manera, el Senado tendrá que revisar y avalar la corrección hecha esta tarde por los diputados.
FUENTE: LA JORNADA
