Las instituciones de seguridad y justicia de Chiapas están coludidas con los grupos criminales, acusan las y los habitantes de las zonas amenazadas por el narco en la zona serrana de la frontera con Guatemala.
A la población de los municipios de La Grandeza y Bella Vista, ubicados en la zona sierra-fronteriza entre Chiapas y Guatemala, desde el pasado 22 de diciembre pasado, uno de los cárteles de droga, les cortó los servicios de luz, agua e internet, como medida de presión para que se unan a sus filas y a los ataques contra el cártel contrario.
“El martes, el CDS (Cartel de Sinaloa) nos obligó a acudir a una reunión en la que dijeron que si no aceptamos estar en los bloqueos, nos iban a cortar la luz y el agua. Como solo acudieron 25 personas, desde el viernes nos la cortaron ”, explicó uno de los habitantes de la zona.
En estos municipios, además de los de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, entre otros del estado de Chiapas, los cárteles de Sinaloa (CDS) y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) están obligando por la vía de la violencia, a que la población local participe en la disputa que viven entre los dos grupos, por el control de territorios, rutas de tráfico y posesión de negocios ilícitos.
De acuerdo a los habitantes de la región, los dos cárteles tienen listas pormenorizadas de cada familia, cada hijo, cada mujer y cada hombre cuyo nombre aparece en los registros de nacimientos que hay en los archivos de clínicas y ayuntamientos.
“Incluso de quienes desde hace varios años ya no vivimos en el municipio“, explica una persona que nació en Motozintla.
Cada persona cuyo nombre aparece en la lista, debe cubrir turnos en los bloqueos que hay en las entradas a las comunidades, y que sirven como barrera de contención humana en casos de enfrentamientos entre los dos cárteles, o en algunos casos, contra el Ejército mexicano.
La población sirve, “como carne de cañón, nos obligan a ponernos como barrera, se están llevando a nuestros jóvenes para que se enfrenten como sicarios. Muchos ya tuvieron que migrar y en algunas comunidades ahora solo quedamos ancianos o personas ya muy mayores. Las que obligadamente tenemos que ponernos en los caminos como barricada“, explica un anciano de Chicomuselo.
En su estrategia de obligar a la población a participar, uno de los cárteles les cortó el servicio de luz, agua e internet a la población que en La Grandeza y Bella Vista, se ha negado a responder.
“En estos días hemos vivido un terror terrible. En La Grandeza y Bellavista el ejército se fue del lugar. La gente está sin luz, sin comunicación; en algunos poblados la gente se está huyendo (…) Por favor, que nos escuchen, estamos viviendo una de las peores catástrofes, algo que no habíamos vivido. Nosotros no queremos estar ni con uno ni con otro (de los cárteles)”, explicó uno de los pobladores que pidió el anonimato.
Detalló que desde hace cuatro meses no tienen servicios educativos ni de salud, porque ni maestros ni personal sanitario quieren acudir a esta región.
Durante algún tiempo elementos del Ejército mexicano patrullaron la zona, pero luego se retiraron.
Un grito de paz silenciado por las armas
Por su parte, integrantes de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas enviaron una nueva carta a los tres niveles de gobierno, a los medios de comunicación y a los organismos defensores de los derechos humanos.
Advierte que “en el estado de Chiapas estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana en dicha disputa, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.
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El comunicado detalla que la población vive amenazas, hostigamientos, cobro de piso, intimidaciones, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojos de bienes materiales, retenes, cobro de paso, el saqueo y explotación minera ilegal.
“Vemos, escuchamos, sentimos y acompañamos el dolor, el sufrimiento y el grito desesperado de paz de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y ancianos que están padeciendo esta situación sin que hasta el momento hayan sido respondidas sus demandas de seguridad, de justicia y paz. El crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados, secuestrados, intimidados y amenazados, vulnerándolos cada día más”, dice la Diócesis en la carta.
Refiere que miles de personas han abandonado sus hogares, sus tierras y sus bienes, para salvar la vida.
“Gente armada a bordo de camionetas, Urvans y motocicletas ingresan a diversas comunidades sacando a la gente de sus casas; en otras comunidades se dirigen a los autoridades ejidales amenazándolos de muerte e intimidándolos para que se sumen a su organización criminal, también han hecho descargas de sus armas frente a la población para aterrorizarlos y hagan lo que ellos les piden”, explica.
Denunciaron la complicidad o participación de algunas autoridades de las áreas de seguridad y justicia con los cárteles, por lo que la población ha sido amenazada cuando acude a denunciar.
” Y por tanto, después de denunciar han sido hostigadas y han tenido que dejar sus hogares y sus pertenencias que tanto les ha costado. Los habitantes de la región expresan que no alcanzan a comprender cómo habiendo presencia del ejército, Guardia Nacional y policía estatal en la región no hay seguridad ni disminución de los actos violentos”, recalca.
Las y los religiosos hicieron un nuevo llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos, para el restablecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil, y el desarme inmediato de los grupos criminales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
