En torno del alza a la gasolina y la electricidad, pocos hablan de la falta de infraestructura para hacer eficientes ambos servicios de consumo debido a que las inversiones privadas aún no fluyen hacia esos segmentos.
Las alzas en precios de gasolinas y el consumo de energía eléctrica anunciadas la semana pasada han hecho que todos los sectores de la población reaccionen con manifestaciones de descontento ante las autoridades hacendarias y la administración de Enrique Peña Nieto.
El principal causante de estos incrementos, refieren los detractores de la política económica implementada por el gobierno federal, es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en el caso del las gasolinas representa 6.49 pesos por litro de la tipo Magna, y que a partir de este lunes los consumidores del carburante habremos de pagar 13.98 pesos por litro.
En el caso de las tarifas eléctricas está incidiendo el alza de los precios internacionales del gas natural, debido a que la oferta del carburante a nivel global ha disminuido en los últimos meses, mientras que la demanda se incrementó debido a las olas de calor que están viviendo algunos países europeos, pues las temperaturas están por arriba del promedio registrado en los últimos años.
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Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su conjunto, son el bloque que más demanda gas natural, pues su consumo se incremento 4.7% en los primeros cuatro meses de 2016, mientras que la producción presentó una reducción anual de 1%.
El dilema es que no se prevé un alza en la producción de gas a nivel mundial en lo que resta del año, por lo que se prevé que los precios sigan presionados al alza hacia finales de 2016, cuando los países comienzan a demandar el energético para enfrentar el invierno.
A todas luces, el IEPS es un gravamen excesivo, y en el corto plazo se ve complicado que se revierta ese impuesto, aunque algunos diputados panistas ya han salido a proponer que se reduzca el porcentaje del gravamen para llevar el precio a 11.09 pesos por litro en el caso de la gasolina Magna y a 12.34 pesos la Premium, que hoy se paga a 14.81 pesos por litro.
Por supuesto que el tema del incremento de estos dos insumos básicos para la economía de los mexicanos y las empresas impactará en un alza de costos en la producción de bienes y servicios, y empujarán hacia arriba la expectativa de la inflación para el cierre del año, la cual ya antes de estas últimas alzas había rebasado la meta del Banco de México de 3% anual.
Carrera contra el tiempo
El problema es que el asunto es más estructural de lo que parece; por supuesto, los impuestos impactarán la competitividad de las empresas y el bolsillo de todos los mexicanos, pero en ambos casos el tema tiene que ver más con la apertura energética.
Parece irrisorio que luego de que el gobierno se deshiciera de su principal fuente de ingresos para gasto público, que eran los ingresos de Pemex, se presuma que los ingresos públicos se compensarían automáticamente en virtud de la regulación de las fuerzas del mercado. Error grave quien así lo haya presupuestado, pues para que ello ocurra, y si así sucede, el sector energético deberá estar bien asentado y promoviendo una virtuosa actividad económica alrededor de éste y el resto de los sectores de la economía.
Lo anterior es una simpleza si lo queremos mirar así; sin embargo, fue parte del razonamiento que derivó en la pregunta que tantas veces se hizo a promotores y edificadores de la reforma energética en cuanto de dónde recabaría el gobierno federal de Peña Nieto o de quien venga, los recursos que dejaría de percibir de Pemex. La verdad es que nunca se obtuvo una respuesta clara y concreta, y tampoco se vislumbraba un plan o estrategia para ir recuperando esos ingresos para el gobierno, ni en éste ni en el gobierno que próximo.
Lo fácil, dicen algunos críticos del gobierno, ha sido implementar gravámenes como el IEPS, que, a decir del sector empresarial, los hace perder competitividad. Pero el tema tampoco acaba ahí; la reforma energética no era una barita mágica que transformaría el crecimiento y desarrollo económico de México de la noche a la mañana.
Todavía hay mucho camino por recorrer, y uno de los temas de los que pocos hablan en torno del alza de gasolinas y tarifas eléctricas es la falta de infraestructura para hacer eficientes ambos servicios de consumo, pues las inversiones privadas aún no fluyen hacia esos segmentos.
Los empresarios gasolineros se quejan de que con el IEPS se hace más complicado importar gasolinas baratas, pero no dicen que no cuentan con la infraestructura física para almacenar y transportar las gasolinas importadas.
Lo mismo en el caso de la electricidad. Los nuevos generadores de electricidad podrán importar gas para producir energía eléctrica en México, pero tampoco cuentan con la infraestructura para el transporte y almacenamiento. ¡Cierto!, hay que apresurar el proceso de trámites para otorgar los permisos ya solicitados, pero eso tampoco sucederá en seis o nueve meses; llevará más tiempo porque implementar esa infraestructura requiere cuantiosos recursos.
Por lo pronto, Pemex sigue rentando y ofreciendo esos servicios a los particulares, y eso también incide de alguna manera en los precios al consumidor, puesto que se debe cubrir el costo logístico.
Ahora, como tantas otras veces, la carrera es contra el tiempo, pues si queremos ver un día precios bajos en gasolinas y tarifas eléctricas en México –como en Estados Unidos–, las empresas deben realizar ya las inversiones y el gobierno agilizar los trámites para el otorgamiento de permisos.
De postergar y prolongar estas acciones sucederá lo mismo que con la reforma energética, que se tardó en ser aprobada, y cuando se le dio luz verde, el mundo ya había cambiado, y el precio internacional del petróleo y el contexto económico global comenzaron a colapsar.
Fuente: Forbes
