REDACCIÓN POR MACRONEWS:
En una rueda de prensa llevada a cabo el día de hoy, el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Fiscalía General de la República (FGR) serán los encargados de investigar la reciente filtración de datos personales de periodistas que cubren la fuente de Presidencia.
Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, explicó que la situación no fue resultado de un hackeo, sino de una «extracción ilegal». Esta se llevó a cabo utilizando un usuario y contraseña válidos en el sistema de preproducción, atribuidos a un funcionario que había dejado de laborar en el gobierno hace dos años.
Jesús Ramírez, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, detalló que, a pesar de existir un protocolo para dar de baja a los funcionarios despedidos o que renuncian, este protocolo solo se implementa en sistemas actualizados y no se aplicó en el sistema secundario afectado.
Ramírez destacó que el sistema no generó una alerta ya que se utilizó una contraseña debidamente acreditada, por lo que el gobierno federal solo se percató de la filtración cuando fue notificado el viernes pasado.
En respuesta, se aplicó el protocolo nacional homologado de incidentes cibernéticos, y se notificó al Centro Nacional de Respuestas de Incidentes Cibernéticos adscrito a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional cerró el sitio afectado, impidiendo así el acceso a la información sustraída ilegalmente.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el gobierno federal presentará la denuncia correspondiente. Invitó a los periodistas afectados a acercarse al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para evaluar cada caso y definir las medidas a aplicar.
Se confirmó que se extrajeron datos de 263 periodistas, incluyendo 186 credenciales de elector, 63 pasaportes (uno ilegible), dos currículums, una licencia de Estados Unidos, una Clave Única de Registro de Población (CURP) y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración.
Ramírez señaló que, aunque se revelaron los Registros Federales de Contribuyentes (RFC) de los periodistas, estos no contenían la homoclave. El coordinador aseguró que el ilícito se perpetró desde España.
