Cancún, Quintana Roo a 12 de julio del 2022:La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que favorecieron al expresidente Enrique Peña Nieto implica a una empresa en la que también participan una de las hermanas del exmandatario y su cuñado: Verónica Peña Nieto y Juan José Chimal Velasco.
Tanto el expresidente como estos dos familiares son accionistas de Impulsora Agrícola La Laguna. Esta compañía es una de las dos aludidas la semana pasada por Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su exposición sobre la indagatoria contra Peña Nieto. La otra es Plasti-Estéril, aunque esta firma dejó de ser propiedad de la familia en los 90.
A la investigación de la UIF se suma que el cuñado del expresidente es tesorero de una empresa, Productores FCB, que en el sexenio pasado recibió apoyos para el campo de un programa federal y desvió 33.9 millones de pesos, de acuerdo con una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante la revelación del caso la semana pasada, Pablo Gómez dijo que están en la mira dos empresas constituidas por Peña Nieto y sus parientes, aunque no especificó los nombres. Animal Político confirmó, mediante documentación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC), que una de ellas es Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RI, constituida en 1988, y la otra es Plasti-Estéril, SA de CV, constituida en 1991.
Existen indicios de que Plasti-Estéril dejó de ser propiedad de los Peña desde la década de los 90. Pero en Impulsora Agrícola La Laguna continúan figurando como accionistas el propio expresidente, su hermana Verónica Peña, su cuñado Chimal Velasco y el hijo de estos, Juan José Chimal Peña, así como otros parientes, entre primos, tíos y sobrinos, según los registros.
Chimal Velasco, a su vez, es tesorero de Productores FCB, SPR de CV, que fue creada en diciembre de 2013 en Tijuana con el objeto social de sembrar, producir y comercializar productos agrícolas, de acuerdo con documentos del RPPC. Fue constituida por Alberto Chapa García y el empresario transportista Antonio Mejía Cuéllar.
Productores FCB recibió apoyos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), que tenía el objetivo de apoyar a las unidades económicas rurales con inversión en su desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
En 2015, la entonces Sagarpa transfirió recursos a 11 beneficiarios —entre ellos, la empresa Productores FCB— por 194.4 millones de pesos. En la revisión de la Cuenta Pública de ese año, la ASF detectó que los beneficiarios alteraron los estados de cuenta bancarios en los que se les transfirieron los fondos.
Concretamente en el caso de la empresa donde el cuñado de Peña Nieto es tesorero, la ASF detectó que Productores FCB hizo dos pagos irregulares por 33.9 millones de pesos a dos proveedores con recursos del programa.
Uno de ellos, por 11.7 millones de pesos, fue hecho a la empresa Construcciones y Transportes Caradego, SA de CV, que fue constituida en julio de 2015 en Chalco y que los auditores no localizaron en su domicilio. Los supuestos accionistas de la empresa son Eliazar Morales Muñoz y Guillermo López Sánchez, quienes registraron domicilios en colonias populares de las alcaldías Gustavo A. Madero y Benito Juárez y no reportaron actividades comerciales previas.
Productores FCB hizo otro pago por 22.2 millones de pesos a la empresa K-PMO Administración de Proyectos Tecnológicos y Organizacionales, SA de CV, de la que la ASF constató que su actividad económica es ajena a los conceptos de los servicios facturados a la compañía del cuñado de Peña Nieto.“Se comprobó que se dedica a los servicios de consultoría en administración, sin embargo, los servicios que factura son por equipos para agroindustria y para cuartos fríos, así como sistema fotovoltaico”, denunció la ASF en la auditoría forense 339-DE.
Intento de ocultamiento
Además de los desvíos, los auditores encontraron que Productores FCB reportó un saldo en el estado de cuenta por 6.4 millones de pesos, pero su saldo real era de 3.1 millones, irregularidad que, según las Reglas de Operación del Programa, es causa de terminación anticipada de los convenios suscritos por la Sagarpa con los beneficiarios, lo que no se llevó a cabo.
La Dirección General de Responsabilidades de la ASF inició el procedimiento resarcitorio DGR/D/08/2020/R/15/114 en contra de Productores FCB por las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2015 en relación con el programa agrario.
El ente fiscalizador determinó que la empresa presentó documentación alterada, ya que exhibió estados de cuenta bancarios que no son coincidentes con los obtenidos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Además, no acreditó haber realizado la aportación a la que se comprometió, y no justificó ni comprobó la debida aplicación de los recursos federales en los términos pactados con la Sagarpa.
La empresa de la que Chimal Velasco es tesorero no solo causó un daño millonario a la hacienda pública, sino que se ocultó para no rendir cuentas. En octubre de 2020, la ASF publicó en el Diario Oficial de la Federación un edicto en el que citó a una audiencia a representantes de Productores FCB, pues no fueron localizados en los domicilios registrados en el expediente del procedimiento resarcitorio.
“Lo anterior, a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos; apercibidos que, de no comparecer sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se les imputan y por precluidos sus derechos para manifestar lo que consideren pertinente, ofrecer pruebas y formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo”, dice el edicto.
