PODER JUDICIAL REPORTA AHORRO DE MIL MILLONES DE PESOS TRAS ADQUIRIR CAMIONETAS BLINDADAS; SHEINBAUM EXIGE TRANSPARENCIA
Redacción Macronews.- En el marco de la reciente controversia por la adquisición de vehículos de alta gama para los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, tras solicitar detalles a través de la Secretaría de Gobernación, el Poder Judicial justificó la compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee como una medida de austeridad. Según la nota informativa proporcionada por el comité de administración judicial, la sustitución de un esquema previo de arrendamiento por la adquisición directa de las unidades representará un ahorro superior a los mil millones de pesos para el erario público, a pesar de que los precios unitarios de dichos vehículos oscilan entre $1,100,000 y $1,800,000 pesos sin considerar el costo del blindaje.
Pese a la justificación financiera, la Mandataria federal subrayó que la opacidad no tiene cabida en este proceso y exhortó a la Suprema Corte a explicar públicamente los criterios técnicos y los protocolos de seguridad que sustentan este gasto. Sheinbaum enfatizó que es responsabilidad del máximo tribunal detallar si existe una situación de riesgo o amenaza específica que valide la necesidad de estas unidades blindadas, recordando que el manejo de los recursos públicos debe estar sujeto al escrutinio ciudadano, especialmente cuando se trata de bienes de lujo bajo el amparo de la seguridad institucional.
Respecto al funcionamiento del nuevo pleno de la SCJN, que ha ratificado diversas reformas clave con una tendencia favorable a la actual administración, la Presidenta rechazó las críticas sobre una posible falta de independencia. Destacó que, bajo el esquema actual, el 100% de las sesiones son públicas, eliminando las antiguas prácticas de acuerdos en salas privadas. Al señalar que «los argumentos están a la vista», defendió que el tribunal hoy opera con una transparencia que permite a la ciudadanía conocer el sustento legal de cada fallo, contrastando con periodos donde las resoluciones se tomaban de forma discrecional.
