Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el grupo estará integrado por especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

El objetivo del comité será responder a una pregunta clave para la política energética nacional: bajo qué condiciones es factible explotar estos recursos, en qué regiones del país y con qué implicaciones ambientales, sociales y económicas.
La presidenta subrayó que no se trata de una decisión tomada, sino de un proceso de análisis científico que permita evaluar tanto los beneficios como los riesgos asociados a esta técnica, históricamente cuestionada por su impacto ambiental, particularmente en el uso y contaminación del agua.
Soberanía energética vs impacto ambiental
Sheinbaum destacó que el país enfrenta una alta dependencia energética, lo que representa una vulnerabilidad estratégica, por lo que consideró necesario revisar nuevamente el potencial del gas no convencional bajo una perspectiva de soberanía y desarrollo sostenible.
En ese sentido, explicó que los avances tecnológicos han permitido explorar alternativas menos contaminantes, como el uso de químicos biodegradables y sistemas de reciclaje de agua en los procesos de extracción.
Sin embargo, reiteró que ninguna actividad industrial está exenta de impactos ambientales, por lo que el enfoque del gobierno será reducirlos al máximo y garantizar que cualquier decisión esté respaldada por evidencia científica y el consentimiento de las comunidades involucradas.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que el grupo interdisciplinario contará con expertos en geología, hidráulica, nanotecnología, medio ambiente y energía, quienes elaborarán un estudio integral.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, indicó que el análisis contemplará los impactos económicos, sociales y ambientales, con el objetivo de brindar información clara y transparente a la sociedad mexicana.
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La mandataria adelantó que, una vez entregada la primera evaluación en dos meses, se determinará si el país avanza hacia una siguiente etapa en la exploración de esta alternativa energética.



















