TRIBUNAL CONFIRMA DEUDA POR MÁS DE 13 MIL MDP DE LA FAMILIA DEL MAGNATE ALBERTO BAILLÈRES CON EL EJIDO EL BAJÍO

El Tribunal Unitario Agrario Número 28 acreditó que la empresa Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères, adeuda con los ejidatarios del ejido El Bajío, en Sonora, la suma de 13 mil 258 millones 667 mil pesos.

La cantidad corresponde a la extracción ilegal de oro que la minera hizo en las tierras ejidales de 2005 a 2013, temporalidad acreditada como ilegal en las 67 sentencias que pesan a favor del ejido, y que costaron la vida de tres ejidatarios (Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega), la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y la detención arbitraria de otros 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.

Una luz al final del túnel

De acuerdo con Sergio García Camacho, abogado de los ejidatarios, el peritaje agilizará la ejecución de las 67 sentencias que pesan sobre la minera, las cuales ordenan la restitución de todo el oro extraído ilegalmente a los ejidatarios, así como acciones de remedación ambiental por el daño al ecosistema que provocó la minera.

“Tras la intensa lucha que hemos tenido durante muchos años, por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Después del magistrado que firmó las sentencias condenatorias, no habíamos tenido otro magistrado que tuviera la valentía de abordar el tema de la liquidación o ejecución de las sentencias dictadas, hasta ahora. La licenciada Alejandrina Gómez Rey, actual titular del Tribunal Unitario Agrario 28, ha mostrado un gran compromiso y ha actuado conforme a derecho, sin dudar en abrir los incidentes de ejecución”.

Además, la información podría acarrear sanciones a la empresa, la cual cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, en el Reino Unido, donde la directiva informa a sus accionistas que la mina sigue activa y que “no hay ningún conflicto legal”, por lo que podrían expulsarlos de ese espacio.

Según los cálculos del peritaje, la deuda se traduce en 526 millones 614 mil 365 libras, y en 650 millones 416 mil 505 dólares, de acuerdo al tipo de cambio vigente el 15 de enero de 2025, fecha en que se realizó el avalúo. Sin embargo, precisa el abogado, el monto no refleja el total del daño que tiene que reparar la minera.

Las deudas de los Baillères

De acuerdo con el abogado de los ejidatarios, el peritaje, elaborado por Jesús Ramón Moya Grijalva, valuador del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Sonora, sólo da cuenta del oro extraído ilegalmente por la minera. Falta el monto que la empresa adeuda por las rentas que la mina adeuda a los ejidatarios, el costo económico de restaurar la tierra al estado en que estaba antes de la devastación, así como los costos de la restauración de la flora y fauna afectada.

Estos peritajes los solicitará el ejido a la brevedad.

Aunado a esto, sobre este primer peritaje, el abogado Sergio Camacho aclara que «la extracción ilegal comenzó desde que la mina solicitó permiso, no para explotación, sino para exploración. La sentencia establece que el cien por ciento de la sustracción de metales realizada desde 2005 hasta 2013 fue ilegal. Sin embargo, no se había podido cuantificar debido a que la mina no declaró todo lo que extrajo».

Y añade:

“Si pudiéramos cuantificar la extracción total, el monto sería mucho mayor, pero por ahora solo tenemos acceso a la información contenida en sus estados contables”.

Falta que se ejecuten las sentencias

Aunque el peritaje arroja una cifra contundente sobre la deuda económica que la minera tiene con los ejidatarios, esto no significa que la batalla legal que comenzaron en 2013 llegue a su final.

Esto, porque la empresa puede interponer un amparo ante los resultaos del peritaje, lo cual, según los cálculos del abogado de los ejidatarios, será el siguiente paso que dará la minera.

“Lo siguiente es que, en cuanto al peritaje ya rendido, el perito probablemente se presentará la próxima semana ante el Tribunal Unitario Agrario para ratificar el contenido y firmar el informe. Una vez que esto suceda, se nos dará acceso completo al peritaje. Es probable que la mina impugne a través de un amparo indirecto en contra de esta cuantificación. Si eso ocurre, lucharemos en los tribunales de amparo. Estamos listos para enfrentar cualquier desafío”.

Y adelanta que, en caso de que la empresa se ampare, los ejidatarios desahogarían el amparo, y si ganan seguirá un proceso de requerimiento de pago.

Y concluye:

“Lo siguiente será que el Tribunal Unitario Agrario emita un requerimiento de pago a la mina. Si la mina no paga, se procederá al embargo de bienes suficientes para garantizar el pago”.