Desde el Congreso de Quintana Roo se aprobó el proyecto de Ley que dota de facultades y obligaciones de este nuevo órgano
Desde el Congreso del Estado se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo, con la cual se busca poner las reglas claras en cuanto a la integración, organización y funcionamiento de este nuevo organismo.
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La propuesta legislativa impulsada desde la Legislatura pasada fue aprobada durante la sesión de este lunes por unanimidad con 20 votos a favor y tres en contra por parte de los integrantes de la oposición.
“Derivado a las recientes reformas constitucionales en materia de anticorrupción. Resulta indispensable contar con un andamiaje jurídico que permita el desarrollo y atención del servicio público a través del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo”, se lee en el dictamen aprobado.
En ese sentido, el proyecto de ley aprobado por la actual legislatura se compone de 10 títulos que abordan la regulación de los protocolos para la integración del tribunal, sus responsabilidades y los procedimientos para la operación de las sesiones.
Además, se ha contemplado la creación de más salas especializadas en temas de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción, así como en materia fiscal, tributaria, desarrollo urbano y medio ambiente.
“La implementación de tres salas nuevas se da en atención de la complejidad y la diversidad de casos que se presentan ante el Tribunal de Justicia Administrativa requieren de un alto grado de especialización para garantizar una resolución justa y eficiente.
“Estas salas permitirán que las y los magistrados desarrollen un conocimiento profundo y especializado, mejorando la calidad de resoluciones. además de que permite distribuir la carga de trabajo a las y los magistrados”.
Un nuevo órgano para combatir la corrupción
Cabe mencionar que la expedición de esta nueva Ley parte de las reformas a la Constitución local aprobadas el pasado 9 de septiembre en el Congreso de Quintana Roo con las que se que se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado, cuyo objetivo será impartir justicia en asuntos donde exista una violación de derechos por parte de las autoridades gubernamentales o se cometan actos indebidos en la administración pública.
Esta reforma dota de facultades al anterior Tribunal de Justicia Administrativa, que se encontraba limitado a desempeñar actividades enfocadas al seguimiento de delitos y combate a la corrupción en el estado.
Como parte de las modificaciones de estas reformas, se le otorgó completa autonomía a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, esto con el objetivo de que a partir de ahora sea considerada como un órgano independiente de la Fiscalía General del Estado y seguir sus propios casos sin limitaciones.
Será en esta fiscalía especializada en donde la ciudadanía podrá presentar sus denuncias para iniciar con la persecución de delitos que sean cometidos por los servidores públicos mientras desempeñan su cargo.
FUENTE: LA VERDAD