Ciudad de México.- Pese a las restricciones interpuestas por las autoridades sanitarias federales por la pandemia ocasionada por el Covid-19, las investigaciones no se han detenido, pero avanzan a paso lento, es decir, están “a medias” las pesquisas en el caso de las cajas de seguridad incautadas a la empresa de resguardo de valores First National Security (FNS), en Cancún, Quintana Roo.
La Fiscalía General de la República (FGR) contempla la posibilidad de que los valores asegurados a 357 cajas, que no han sido reclamadas, pasen a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (NDEP), luego de más de 3 años de que ocurriera la incautación.
Es decir, sólo resta que continúe el desarrollo del proceso judicial y el Juez de la causa determine la procedencia ilícita de los valores para que queden, primero a disposición de la FGR y luego al INDEP.
La FGR contempla la posibilidad de que los cientos de millones en pesos, dólares y euros, así como en lotes de joyas y diversos objetos de valor que permanecen en las 357 cajas aseguradas a la compañía Firts National Security pasen a disposición al INDEP, anteriormente llamado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Como se recordará, la disposición de la FGR se deriva a que desde hace casi 3 años que fue asegurada la empresa de valores –9 de junio de 2017— no han sido reclamadas las más de 350 cajas, cuyo contenido, dinero en efectivo, lotes de alhajas, drogas, armas y hasta lingotes de oro, no ha podido ser justificado legalmente por sus propietarios, quienes podrían ser detenidos ante la ilegalidad de sus bienes guardados en dicha compañía.
El tiempo transcurrido entre la fecha del aseguramiento de un total de mil 546 cajas, de las cuales han sido reclamadas y devueltas mil 189, causó lo que legalmente se conoce como “en abandono”, por lo que pueden ser reclamadas por la Federación.
Ahora, solamente resta que continúe el desarrolle del proceso judicial y el Juez de la causa determine la procedencia ilícita de los valores para que queden primero a disposición de la FGR y posteriormente, ésta haga entrega al INDAPE.
CRONOLOGÍA DE LA EMPRESA ASEGURADA
Como lo informara en su momento Sol Quintana Roo, la empresa fue cateada y asegurada a mediados de 2017, luego de haber sido identificada como “lavadero” de dinero y escondrijo de bienes de políticos corruptos y miembros del crimen organizado, donde se encontraron no sólo millones en dólares, euros y pesos, joyas, sino drogas, armas, tarjetas clonadas y otros objetos de procedencia ilícita.
La entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, aseguró la empresa y un Juez Penal la vinculó a proceso, en principio por delitos contra la salud, ya que en algunas cajas se encontraron drogas y por delincuencia organizada, lo mismo que por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Sin embargo, luego de las indagatorias correspondientes, el Juez de Distrito, Alan Guareña Leyva, del Centro de
Justicia Penal Federal en Jalisco, conforme a la causa penal 0839/2018, resolvió deslindarla de varios cargos, pero si quedó vinculada a proceso por los delitos de omisión y encubrimiento, dado que el administrador no enteró oportunamente a las autoridades de los manejos ilegales que se llevaban a cabo en cuanto al resguardo de valores, como estaba obligado a hacerlo.
De esa manera, la compañía de seguridad permanece sin operar desde la fecha referida y únicamente dos de los que rentaban esas cajas de seguridad están presos: Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo y
Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, jefa del Cártel de Cancún, ambos presos en diferentes cárceles del país.
El primero detenido en Panamá el 4 de junio de 2017 y la segunda con dos meses de diferencia, el 9 de agosto de ese mismo, en Puebla, cuando trataba de visitar a su hijo, preso en ese mismo estado, también por delitos contra la salud.
Respecto a las cajas que no han sido reclamadas, ni siquiera han podido ser identificados los propietarios, ya que en el transcurso de las investigaciones se descubrió que utilizaron prestanombres o bien identidades falsas.
NIDAL FINANCIERO DE NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS
El 4 de junio de 2017, tras una serie de denuncias, Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo fue capturado en Panamá y con su detención se abrieron varias líneas de investigación que revelaron sus vínculos con personajes del mundo de las drogas.
Ello originó que el 9 de agosto de ese mismo año, la policía detuviera en Puebla a Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety” o “La 40”, una ex agente de la Policía Judicial Federal convertida en jefa del Cártel de Cancún, de acuerdo a lo asentado en la carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIDCS-PUE/000740/2017.
La orden de cateo la otorgó un Juez Federal como resultado de las declaraciones ministeriales de la mujer, al confesar que guardaba parte del producto de sus ilícitas actividades en dos cajas de la empresa First National Security, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
El operativo comenzó el 9 de junio del 2017 en forma general y al comprobarse que, efectivamente, Rodríguez Lara tenía dos cajas de seguridad en las que encontraron droga, armas, alhajas, millones de pesos, de dólares y euros, así como documentación comprometedora, procedieron a su aseguramiento.
Tras revisar detalladamente su contenido, 12 días después se llevó a cabo un segundo cateo y se aseguraron dos cajas más, a nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, secretario privado de Borge Angulo. La única persona que aparecía como beneficiaria era Mariana Zorrilla Erales, ex presidenta del DIF y ex esposa del ex gobernante.
Pero aún no se tenía evidencia plena de la relación directa de Borge Angulo con las cajas de seguridad, aunque de manera irónica sería el mismo ex gobernador el que daría la pauta a las autoridades para llevarlas hasta la First National Security, donde se evidenciaría su vinculación con las mismas.
BORGE, LAS DIO A CONOCER
Luego de que el 1 de octubre de ese mismo año, el gobierno panameño autorizara su extradición, Borge solicitó hablar con sus abogados. La reunión se desarrolló en la pequeña estancia donde estaba retenido, en las instalaciones de la Policía Nacional de Panamá, a donde había sido cambiado al descubrirse un intento de fuga.
Borge ordenó a sus defensores que interpusieran toda clase de recursos para evitar ser repatriado, pero lo inmediato e importante era rescatar documentación oculta en las cajas de seguridad en Quintana Roo, cuyo contenido era la información de una extensa red de testaferros, un promedio de más de 80 prestanombres.
El detalle que no tomó en cuenta Borge ni sus abogados, fue que todas sus conversaciones y actividades, tras su frustrado intento de fuga del penal El Renacer, eran ya monitoreadas y grabadas, por lo que la Fiscalía de Panamá informó a la SEIDO el contenido de la conversación entre el acusado y su defensa.
Dentro de la charla “privada”, se habían escuchado palabras claves, como: “First National Security”, “cajas de seguridad de los amigos” y “hay que recuperarlas a como dé lugar”, entre otras frases.
Con esos nuevos elementos se dispuso que fueran aseguradas las mil 546 cajas de la empresa, a lo que los ahorradores se inconformaron y fue entonces que se dieron una serie de protestas en las que se argumentaron violaciones a sus derechos, robos y saqueos, lo que aprovecharon otros personajes ligados al crimen organizado para tratar también de que les fuera devuelto lo asegurado.
Ese panorama fue aprovechado por algunos medios a modo, que iniciaron toda una campaña en contra de las “injusticias” cometidas por la ahora Fiscalía General de la República y exigieron nuevamente que les regresaran las cajas.
La familia Ancona Teigell, administradora de la empresa de valores, pidió a las autoridades “terminar con la pesadilla no sólo para el representante legal de First National Security, Santiago Ancona Teigell, sino también para los arrendatarios, “que habían sido despojados de manera ilegal y arbitraria, violando todos sus derechos y robando el patrimonio de años de trabajo”.
Empero, no hicieron comentario alguno respecto a qué si bien había sido desvinculada de los primeros cargos y que el Juez, declarándose incompetente, declinó el caso a sus pares de Cancún, Quintana Roo, la empresa si había quedado sujeta a proceso por el delito de encubrimiento, dada la posibilidad de que hubiera conocido el origen ilícito de las fortunas de algunos ahorradores y no lo hiciera del conocimiento de las autoridades.
Durante el curso de las investigaciones, cientos de usuarios honestos que no tenían nada que ocultar y demostraron con documentos, fotos y demás pruebas, el origen lícito de lo que guardaban en la empresa, la FGR procedió a la devolución de las mismas.
Las cajas de seguridad permanecen a disposición de la Fiscalía General de la República.
FUENTE: Sol de Quintana Roo
