Luego de que la Auditoría Superior de La Federación (ASF) confirmara que recursos de programas federales no fueron debidamente aplicados por diversas dependencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la época de Roberto Borge, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) constató que son fantasmas al menos 25 empresas que realizaron obras o prestaron servicios.
Entre las obras o servicios que se presume no se cumplieron a pesar de haber el recurso, están la construcción, remodelación, cambio de imagen, abastecimiento de universidades, aulas indígenas, centros de salud, hospitales, carreteras, mejoramiento en zonas turísticas, adquisición de equipo médico de alta especialidad, construcción de cárcamos y mejoramiento de la red del sistema de agua potable.
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Dos de estas empresas de plano no lograron justificar documental y físicamente su existencia, y las otras 23 están siendo investigadas porque no se les ha podido identificar o porque sus domicilios son incorrectos o porque simplemente no existen, lo cual las tiene camino a la lista negra.
De acuerdo con documentos de la plataforma de Compranet y Contrato Book, las 23 firmaron contratos por proyectos prometedores para mejorar las condiciones de obras como la construcción en dos universidades: Universidad del Caribe y la Universidad de Quintana Roo, estas se pausaron y fueron identificadas por la ASF y ahora están en investigación de la autoridad fiscal.
Asimismo, a pesar de no encontrarse en la lista de los No Localizados por el SAT, la empresa Trafficligth de México recibió ocho contratos por 95 millones 172 mil 323 pesos por parte de la Secretaría de Turismo (Sedetur), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
Los respectivos contratos firmados para esta obra, contemplaron un presupuesto de 64 millones 81 mil 924 pesos, para mejorar la imagen urbana en destinos turísticos como Mahahual, Isla Mujeres y Tulum, en los que además se prometió equipamiento turístico y fachadas, instalación de alumbrado público, ciclopista, jardinería, iluminación ambiental, guarniciones y banquetas. Estos proyectos fueron ejecutados por la Sedetur y Sintra.
Y los restantes 31 millones 90 mil 399 pesos fueron para supuestamente pagar la instalación del alumbrado público en la avenida Guayacán de la ciudad de Cancún, así como la rehabilitación de Infraestructura Electromecánica en estaciones de bombeo de agua para la Secretaría de Desarrollo Urbano y de la CAPA.
El Código Fiscal de la Federación establece que en caso de que el SAT no localice al contribuyente en el domicilio fiscal que proporcionó desde la licitación, o si no cumple con las características de ley y sus direcciones corresponden a casas habitación, terreno o departamento, entonces será considerado “No Localizado”.
Otra empresa que adquirió jugosos montos por ocho contratos para la CAPA y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) fue Servicios y Transportes Especializados del Caribe S.A. de C.V., por un monto de 60 millones 597 mil 310 pesos.
De estos recursos, de la CAPA se pagaron 33 millones 211 mil 613 pesos por la construcción del colector de aguas residuales para el Polígono sur primera etapa (Polígono 7) en Cancún, Benito Juárez.
La fecha de inicio del contrato fue del 7 de noviembre de 2011 con fecha de cumplimiento del 30 de diciembre del mismo año.
La segunda obra contratada por la CAPA fue para la terminación del colector del polígono 7, con un costo de 11 millones 226 mil 830 pesos en el período de septiembre a diciembre de 2012.
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Servicios y Transportes Especializados del Caribe S.A. de C.V. también obtuvo del Ifeqroo 27 millones 385 mil 697 pesos para la construcción, en la Universidad del Caribe, de gradas deportivas, vestidores, baños, zona deportiva, equipamiento, adecuación de cocina, almacén y repostería en el período de 2011-2016.
Otra de las beneficiadas fue la empresa Obras y Mantenimiento Integrales S. de R.L. de C.V., a la cual se le otorgaron contratos por la cantidad de 21 millones 375 mil 236 peso, por un total de 14 contratos que se proyectaron entre 2012- 2016.
La supervisión del SAT, reporta que tan sólo al Ifeqroo se le adjudicaron 10 contratos para remodelación y mejoras de escuelas de nivel Básico, desde preescolar hasta secundaria integradas al programa “escuelas al 100”; además, otras tres licitaciones de la CAPA para servicios de mantenimiento y el último contrato para la Secretaría de Desarrollo Social, para construcción de aulas indígenas.
Las licitaciones de Ifeqroo se dieron con el entonces director Jorge Manuel Mézquita Garm, mientras que las otorgadas por la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo (Sesa), salieron de la dirección de Rafael Alpuche Delgado.
La empresa Camps & Travel tuvo seis contratos con el gobierno estatal, uno con la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq) y cinco con la Secretaría de Salud por un monto total de 11 millones, 048 mil 980 pesos.
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En la lista de servicios que adquirieron las diferentes dependencias, destacan contrataciones de servicios integrales para eventos realizados en Cancún, como la Reunión Anual del SINAVE 2013, el XI Congreso Nacional de Mitología, la Reunión de Capacitación y Evaluación de Sistemas en Materia de Vigilancia Epidemiológica; la Segunda Reunión Nacional de Centros de Invitación Organizada y Seguimiento (CIOS) para los Servicios Estatales de Salud, realizados entre 2013 y 2015.
Otra de las empresas que realizó dos contratos por un monto de 14 millones 683 mil 417 pesos en el periodo 2011 -2012, fue el Consorcio Inmobiliario y Constructor COCEI de Quintana Roo S.A de C.V, para la construcción de un Centro de Atención Múltiple Nueva Creación “Fraccionamiento Caribe”, ubicado en Othón P. Blanco; la construcción de una Primaria de Nueva Creación en el Fraccionamiento Urbi Villas en Cancún, así como la construcción de la Secundaria General número 30 Juan de la Barrera, en el fraccionamiento Paseos Kabah, también en Cancún.
Por su parte, la compañía International Commodities de México S.A de C.V ganó a través de licitación varios contratos, específicamente con la Secretaría de Salud, por un monto de 12 millones 327 mil 438 pesos para la adquisición de materiales y/o reactivos para la coordinación de Tarjetas de Salud y Control Venéreo y para el laboratorio estatal de Salud Pública del 23 de abril del 2015 al 2 de agosto del mismo año.
Asimismo este monto se pagó para la adquisición de kits de antropometría para el programa de riesgo cardio-vascular y de ese monto se destinaron 584 mil pesos para la adquisición de cinco tococardiógrafos para el equipamiento de Unidades Médicas que atienden la salud materna y perinatal.
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Y el Grupo Desarrollador Roma obtuvo un contrato de 9 millones 279 mil 947 pesos de parte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), para la Construcción de la Red de Drenaje Sanitario y Descargas Sanitarias de la Franja Costera de Puerto Morelos, del 6 de diciembre de 2012 al 30 de diciembre del mismo año.
En la lista de investigados también figuran personas físicas, como el caso del proveedor Daniel Víctor Huerta Díaz González, a quien se le otorgaron contratos por hasta 9 millones 525 mil 265 pesos, de 2011 a 2013, para la realización de tres proyectos con Sesa.
Dichos proyectos son: la Unidad de Especialidad Médica de Cáncer de Mama en Chetumal; construcción de la Unidad de Especialidad Médica para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (trabajos complementarios, estacionamiento y subestación), ubicado en la Carretera Chetumal-Bacalar, Municipio de Othón P. Blanco.
Vía la Oficialía Mayor del Estado, el proveedor Samuel Aguilar Ibarra ganó un contrato para la Difusión del Sistema de Justicia Alternativa, por un monto de un millón 637 mil 390 pesos, en el último mes de 2012.
Mientras que Juan Hernández Martínez obtuvo dos contratos de la Universidad de Quintana Roo, por un total de 706 mil 583 pesos para la compra de equipo de cómputo, audio y video, así como la adquisición de material y útiles de oficina. Los contratos fueron programados para ejecutarse entre 2014-2015
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CAJA DE DATOS
¿Qué dice el Código Fiscal de la Federación?
Artículo 69-B del CFF
Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
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En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga, y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.
FUENTE: LUCES EL SIGLO