MÁS DE 2 MIL CHOFERES EXTORSIONADOS A DIARIO EN CANCÚN: MAFIAS DEL TRANSPORTE OPERAN CON TOTAL IMPUNIDAD ANTE OMISIÓN DE AUTORIDADES LOCALES
Redacción Macronews.- La violencia estructural que ejercen las mafias del transporte público en Cancún ha alcanzado niveles críticos. De acuerdo con testimonios de operadores y usuarios, más de 2,000 choferes de combis enfrentan diariamente extorsiones que oscilan entre 200 y 500 pesos, impuestas por grupos autodenominados “encargados” que controlan rutas, paraderos y accesos, sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales.
Imágenes recientes muestran a estos individuos apostados en puntos estratégicos de la ciudad, impidiendo el abordaje de pasajeros y amenazando a conductores que se niegan a pagar las cuotas ilegales. “Si no pagas, te paran la combi o te rompen los vidrios; y si te quejas, van por ti”, relató un operador bajo anonimato. La intimidación ocurre a plena luz del día, frente a peatones y elementos policiales que, en muchos casos, no intervienen.
Este fenómeno, que se ha arraigado durante más de una década, involucra a sindicatos irregulares, líderes de ruta y células criminales, que han impuesto su ley mediante el miedo y la complicidad. La ausencia de operativos contundentes y la falta de vigilancia real han permitido que el crimen se disfrace de autoridad, vulnerando el Estado de Derecho y dejando a la ciudadanía en el abandono.
Se estima que más de 120 mil usuarios diarios del transporte público en Cancún conviven con esta realidad, enfrentando la incertidumbre de si el próximo viaje terminará en una agresión, un cobro forzado o una suspensión del servicio. La situación se ha recrudecido en rutas clave como Región 100, Kabah, López Portillo y Bonfil, donde los “encargados” han establecido cuotas fijas por unidad, además de imponer horarios y sanciones arbitrarias.
El transporte público, esencial para la movilidad urbana y la economía local, está siendo secuestrado por la impunidad. Mientras las mafias se fortalecen, la ciudadanía se hunde en la rutina del miedo, sin garantías de seguridad ni acceso digno al servicio. La falta de acción por parte de las autoridades locales ha convertido este problema en una crisis de derechos humanos y de gobernabilidad.
Organizaciones civiles han solicitado la intervención urgente de instancias superiores, así como la creación de una mesa interinstitucional que incluya a operadores, usuarios, cuerpos de seguridad y especialistas en movilidad, con el fin de desmantelar las redes de extorsión y restablecer el control legal sobre el sistema de transporte.
