CRISIS DE SEGURIDAD EN CHIAPAS: FISCALÍA JUDICIALIZA AL 7% DE LOS 156 POLICÍAS MUNICIPALES DETENIDOS TRAS OPERATIVOS DE CONTROL
Redacción Macronews.- En una acción contundente para depurar las fuerzas del orden en la región de la Meseta Comiteca Tojolabal y Valles Centrales, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó la judicialización de 11 elementos de un total de 156 agentes municipales que fueron presentados ante el Ministerio Público. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que los uniformados, procedentes de Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla, enfrentan procesos penales por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias, además de ser sujetos a una investigación por presunto «halconeo».
El operativo, que incluyó la revisión de expedientes de 101 hombres y 55 mujeres, derivó del aseguramiento de 200 teléfonos celulares, los cuales son pieza clave en la integración de una carpeta de investigación por conductas delictivas modernas. El fiscal precisó que, tras el análisis de las pruebas, se procedió legalmente contra seis mujeres y cinco hombres: tres pertenecientes a Cintalapa, seis a Ocozocoautla y dos a Jiquipilas. Mientras tanto, los 145 elementos restantes fueron puestos en libertad bajo reservas de ley, permaneciendo sujetos a futuras diligencias.
Investigación por «Halconeo Digital» y nexos con desapariciones
La FGE subrayó que la indagatoria se ha extendido hacia la modalidad de «halconeo digital», un delito recientemente actualizado en la legislación estatal que contempla penas de hasta 15 años de prisión. Esta tipificación ahora incluye el uso de drones, redes sociales y dispositivos tecnológicos para facilitar actividades ilícitas. Las autoridades buscan determinar si los policías judicializados utilizaron sus herramientas institucionales para filtrar información o vigilar movimientos en favor de grupos criminales.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad derivada de la desaparición de ocho personas en el municipio de Villaflores en semanas recientes. Al vincular los expedientes administrativos y de control de confianza con los datos obtenidos de los dispositivos móviles, la Fiscalía pretende desarticular redes de colaboración entre servidores públicos y la delincuencia organizada. Las indagatorias continúan abiertas, manteniendo operativos activos en las zonas de Villaflores y Villacorzo para localizar a las víctimas y castigar a los responsables.
