México endurece control de armamento: Reforma prohíbe armas de impresión 3D y regula el uso de drones ilícitos
Redacción Macronews.– En un esfuerzo por modernizar el marco jurídico ante las nuevas amenazas tecnológicas, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha ratificado el endurecimiento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta reforma integral, publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo, incorpora por primera vez la regulación estricta de armamento fabricado mediante métodos aditivos o impresión 3D, así como el uso de aeronaves no tripuladas (drones) en actividades delictivas. Durante su conferencia matutina de este 17 de diciembre, la mandataria destacó que estas modificaciones responden a la aparición de dispositivos que, debido a su naturaleza técnica, no estaban contemplados en la legislación previa, dejando vacíos legales que ahora han sido clausurados.
La nueva normativa otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control total sobre el Registro Federal de Armas y la autorización exclusiva para su fabricación y comercio. Entre los puntos más relevantes de la reforma, destaca la prohibición absoluta de la compra, venta y manufactura de armas creadas con impresoras 3D o de forma artesanal. Asimismo, se veta la posesión y transporte de accesorios que permitan convertir armas semiautomáticas en automáticas, independientemente de si estos han sido fabricados con tecnología 3D. En cuanto a la vigilancia aérea, la ley ahora tipifica como delito el uso de drones para transportar explosivos o realizar cualquier ataque, fortaleciendo la capacidad operativa del Estado frente a grupos que utilizan estas herramientas con fines ilícitos.
Finalmente, la reforma reafirma el derecho ciudadano a poseer armas en el domicilio para la legítima defensa, siempre que su adquisición esté debidamente acreditada y no pertenezcan al uso exclusivo del Ejército. Paralelamente, se establece la obligatoriedad para todos los niveles de gobierno de ejecutar campañas permanentes de desarme y se endurecen significativamente las sanciones para quienes introduzcan ilegalmente armamento al país. Con estas medidas, el Ejecutivo busca frenar la proliferación de «armas fantasma» —difíciles de rastrear por su origen digital— y mitigar la violencia vinculada a nuevas tecnologías de combate.
