Más de 5 mil 800 padres de Quintana Roo utilizan la emergencia sanitaria para justificar la falta de pago de pensión alimenticia a sus hijos, incluso con dos meses de atraso, argumentando que han perdido su empleo o se vieron afectados de manera directa por la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19.
Al menos otros 752 le advirtieron a sus respectivas parejas que no le entregarán ni un solo peso hasta que su situación laboral se resuelva, situación que ha sido reportada por las mujeres a las guardias del órgano auxiliar del Poder Judicial, encargado de este tema.
“En cifras, al menos 66 mil niños de Quintana Roo viven con progenitores separados, siendo en casi todos los casos el padre quien otorga el pago de una pensión, cuyo promedio es de apenas mil 500 pesos mensuales en Quintana Roo. Al menos el 10 por ciento de esos padres presenta uno o hasta dos meses de atraso en depositar el dinero de la manutención de los hijos”, dice la licenciada en derecho Luz María Reyes Huerta, integrante en Quintana Roo de dicho organismo.
La abogada explica que el Poder Judicial de Quintana Roo fue el único, junto con otras cinco entidades del país, que estableció guardias para recibir trámites relacionados con este tema, excepto recibir los depósitos de las pensiones, lo que ha complicado la situación.
“Tengo una clienta cuyo esposo desde el 2 de febrero se atrasó con su pensión, ya que la entregaba por transferencia bancaria. Con la contingencia, ella no ha podido cobrar dos meses, y todo parece indicar que será un tercer (mes)”, comenta Reyes Huerta.
Dijo que en la mayoría de estos casos, los hombres han alegado que al no tener trabajo, sus exparejas deben encargarse de la responsabilidad de la comida de los hijos.
“Lo que no entienden es que la pensión es de inaplazable cumplimiento de acuerdo a la Ley. Aún con la contingencia, el que paga no puede dejar a sus hijos sin comer. Tendrá que echar mano de sus recursos y ahorros para poder cumplir con sus obligaciones, porque las demandas se van a presentar una vez que los juzgados vuelvan a sus actividades normales, por lo que pueden enfrentar sanciones económicas que les afectará aún más el bolsillo”, puntualiza.
La abogada explica que lo que sí se puede hacer es llegar a un convenio, en el cual se puede aportar al menos el 50 por ciento de la pensión, con la garantía de que una vez recuperado su trabajo se ponga al corriente con el resto del dinero.
De acuerdo con el informe “Desprotección Judicial en tiempos del Covid-19”, de la organización Justicia para Mujeres, a nivel país solo unos cuanto estados tomaron previsiones o guardias para atender el tema de atención a grupos vulnerables como las mujeres. Quintana Roo está en esa lista.
FUENTE: Sipse
