La PGR pidió una orden de aprehensión en contra de Mauricio Góngora Escalante, exalcalde de Solidaridad y excandidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI, como presunto responsable de desvío de recursos federales por varios millones de pesos.
Estas solicitudes de aprehensión también pesan contra cinco excolaboradores de Roberto Borge, por el mismo delito: Gabriel Mendicuti Loria, exsecretario de Gobierno; Bibiano Villa Castillo, extitular de Seguridad Pública; Juan Pedro Mercader, también exsecretario de Seguridad Pública y extitular del Infovir; Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y Fernando Escamilla, extitular de Infraestructura y Transporte.
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Hay otros exfuncionarios que también tienen una orden de aprehensión, pero del fuero común, por el delito de desempeño irregular de la función pública, prevista y sancionada con pena privativa de libertad y multa, según el artículo 207 fracción V del Código Penal de Quintana Roo: Gonzalo Abelardo Herrera, extitular de la Función Pública; Mario Castro, exdelegado de Diconsa; Ercé Barrón Barrera, extitular de la Administración Portuaria Integral de Q. Roo; Luis Alberto González, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; Román Quián, exsecretario de Gobierno, y Víctor Hugo Loyola, exprocurador fiscal.
A fin de evitar ser detenidos, los exfuncionarios ya tramitaron sus amparos.
LAS IRREGULARIDADES
Góngora Escalante tiene que comprobar el destino de 400 millones de pesos durante su gestión al frente de la Comuna playense, al igual que su extesorero, Rafael Castro.
Mendicuti Loria, quien durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Agrícola se presume desvió recursos de caminos sacacosechas.
Mercader Rodríguez, quien como titular del desaparecido Instituto de Fomento de la Vivienda gestó la venta de terrenos de manera irregular.
Guillermo Molina, extitular de Finanzas, se encuentra inmiscuido en el presunto desvío de 220 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.
OBRAS DUDOSAS
Escamilla Carrillo, extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, está acusado del desvío de recursos federales en obras, como son el Auditorio del Bienestar y los domos deportivos.
El auditorio fue una de las magnas obras borgistas, ya que para su construcción se destinaron 244 millones de pesos, en donde el tiempo de ejecución que se proyectó para la obra fue de 210 días.
Aunado a esto, también se llegó a denunciar el incremento en los costos de construcción de los domos deportivos que se realizaron en diferentes partes. Esta obras en Yucatán tuvieron un costo de 500 mil pesos, y en la entidad fue de más de un millón de pesos cada uno.
(FUENTE: EL FINANCIERO/QUINTANA ROO HOY)
