TRAGEDIA EN LA LÍNEA Z: VÍCTIMAS DEL DESCARRILAMIENTO DENUNCIAN ANTE LA FGR A CONSTRUCTORAS TRAS SALDO DE 14 FALLECIDOS
Redacción Macronews.- En una acción legal sin precedentes tras el siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, las víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico han formalizado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). El recurso jurídico, presentado en la Ciudad de México, se dirige contra diversas empresas constructoras, contratistas y servidores públicos, señalando presuntas omisiones y actos de corrupción que derivaron en la muerte de 14 personas y múltiples lesionados durante la operación de la denominada Línea Z.
Acompañados por el equipo legal del despacho Vega Mac Gregor Arellano, los afectados denunciaron que el colapso de la infraestructura no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una cadena de irregularidades técnicas y administrativas. La defensa subrayó que informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han documentado anomalías de forma persistente desde el año 2019 hasta las obras concluidas en 2025, incluyendo la falta de supervisión en contratos de rehabilitación y la ausencia de evidencia fotográfica que respalde la ejecución de los trabajos contratados.
Irregularidades, negligencia y delitos imputados
La querella presentada contempla delitos de lesiones por omisión, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Entre las entidades privadas señaladas directamente en el documento legal se encuentran las compañías Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools. De acuerdo con el abogado Adrián Arellano, la denuncia busca integrarse a la carpeta de investigación ya abierta por la FGR para deslindar responsabilidades sobre el fallecimiento de los pasajeros.
Por su parte, los sobrevivientes han hecho un llamado enérgico para que las indagatorias no se limiten a los mandos operativos. Juan Manuel Iglesias, quien resultó lesionado junto a su familia, exigió públicamente que la investigación se extienda a figuras políticas y familiares de la pasada administración federal, bajo la sospecha de que el tráfico de influencias pudo haber comprometido la seguridad de la obra pública más importante del sureste mexicano. El objetivo primordial de los denunciantes es evitar que la impunidad permita la repetición de tragedias similares por negligencia estructural.
