Redacción Macronews.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este miércoles 27 de agosto a favor de una investigación profunda sobre los sobornos que el narcotráfico ha entregado a funcionarios públicos tanto en México como en Estados Unidos. El posicionamiento se dio en el contexto de las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada García, quien se declaró culpable de narcotráfico en una corte estadounidense y reconoció haber sobornado a policías, militares y políticos desde sus inicios en el crimen organizado.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “cualquier investigación es buena”, especialmente cuando se trata de actos de corrupción vinculados con la seguridad pública. “Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad”, expresó la mandataria, subrayando que su administración no tolerará la colusión entre el crimen organizado y servidores públicos.
La presidenta también retomó las declaraciones de la Administración de Control de Drogas (DEA), que recientemente colocó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al mismo nivel que capos como “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán. “A ver qué dicen los adversarios de eso. No han dicho nada, pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público”, enfatizó.
Al ser cuestionada sobre si sería saludable investigar los nombres relacionados en ambos países, Sheinbaum respondió con firmeza: “Sí. Siempre, que se investigue”. Esta postura refuerza el compromiso de su gobierno con la transparencia y el combate a la impunidad, en un momento en que las relaciones entre crimen organizado y estructuras institucionales vuelven a estar bajo escrutinio público.
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El caso de “El Mayo” Zambada, quien durante décadas lideró el Cártel de Sinaloa, ha reactivado el debate sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras de poder.
Su confesión ante autoridades estadounidenses abre la puerta a una posible colaboración binacional para identificar a los funcionarios que facilitaron sus operaciones, tanto en México como en Estados Unidos.
