La oposición venezolana dio un nuevo paso para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero deberá moverse entre dos amenazas: una demanda de “fraude” por irregularidades en el recaudo de firmas y la suspensión del proceso ante eventuales hechos de violencia.
Tras una semana de protestas y de convulsión social por la agravada escasez de alimentos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció a la prensa que la validación de rúbricas para activar el referendo que se realizará entre el 20 al 24 de junio.
Pero poco después de ese anuncio, el oficialismo aseguró que el lunes denunciará por “fraude” la recolección de firmas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del gobierno.
También te puede interesar: El gobierno reprime protesta en Venezuela
“Vamos a la Sala Constitucional (del TSJ) para denunciar este delito contra la Constitución”, expresó Jorge Rodríguez, delegado por Maduro para supervisar el proceso que busca sacarlo del poder.
Según Rodríguez, durante la recolección de firmas hubo una serie de irregularidades que configuran un “fraude”, ya que entre las firmas están 53,658 personas que no aparecen en el registro, 10,995 números de cédula que corresponden a fallecidos, así como tres mil tres menores de edad y mil 335 sentenciados por delitos graves.
Los anuncios del CNE se producen en momentos de tensión creciente, ya que en la madrugada de ayer ocurrieron saqueos en Petare, la mayor favela del país, en el este de Caracas.
Aunque las manifestaciones opositoras no son multitudinarias, a diario hay protestas espontáneas en Caracas al agravarse la escasez de alimentos y medicinas, y el costo de vida.
“La gente sale a saquear porque tiene hambre. No se consigue nada”, declaró un vendedor de huevos de 22 años, quien estaba cerca de un camión con alimentos asaltado en Petare.
En medio de la creciente tensión, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión extraordinaria el 23 de junio para discutir la crisis de Venezuela, a pedido de su secretario general Luis Almagro.
La invocación de Almagro se apoyó en el artículo 20 de la Carta, que establece que cuando se produzca una alteración del orden constitucional en un Estado miembro, el secretario general o un país puede convocar al Consejo Permanente para discutir la situación.
Almagro presentó una carta-informe de 132 páginas, en la que detalló una larga lista de consideraciones que lo llevaron a esta decisión, en medio de una tensa relación con el gobierno venezolano, que ha denunciado sus gestiones como partidarias a la oposición, y le ha ganado duras críticas.
El proceso para convocar al revocatorio se vislumbra largo. Tras la validación de firmas con huella dactilar, el CNE se tomará 20 días hábiles para su revisión, hasta el próximo 23 de julio.
Y en un hecho que había adelantado la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el CNE abrió la posibilidad de que los solicitantes anulen su firma del 13 a 17 de junio, ante las alegadas irregularidades.
La MUD vincula ese aspecto con las advertencias oficialistas de que los funcionarios del gobierno que firmaron por el referendo deben ser despedidos.
Para activar el revocatorio, la MUD requiere unas 200 mil rúbricas, de un total de 1.3 millones que el CNE certificó. Otras 605,727 “no cumplieron con los criterios exigidos”, detalló Lucena.
El líder opositor Henrique Capriles, principal impulsor del referendo, denunció que en la lista de apoyos publicada por el ente electoral
aparece como “no firmante”.
Debido a ello, el también gobernador del estado Miranda, expresó su desacuerdo a la inhabilitación de buena parte de las primeras firmas entregadas y
consideró inaceptable la actitud del organismo, que desplazó a firmantes por errores en la ortografía o por haber usado una planilla que no coincidía con la localidad en la que votaban.
