México sí puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos. Así lo decidió este lunes la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que dio la razón al Gobierno mexicano y revivió el caso que presentó contra algunos de los nombres más importantes de la industria armamentista de su país vecino. El asunto regresa ahora a un tribunal de Massachusetts, el mismo que rechazó la demanda en septiembre de 2022, para ser revisado de nuevo. “Gran noticia”, celebró Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores.
El principal obstáculo que enfrentaba la causa mexicana es la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado durante la Administración de George W. Bush que blinda a la industria armamentista ante cualquier demanda surgida por el mal uso que se dé a sus productos. Ese blindaje legal y la inmunidad que da a los productores de armas fue el argumento que se utilizó para desestimar el caso en una primera instancia en una corte de Massachusetts. En esta ocasión, la Corte de Apelaciones decidió que la demanda presentada por las autoridades mexicanas contra seis armerías y un distribuidor de armas argumentó de forma plausible por qué la inmunidad no aplica en este caso.
“Por lo tanto, revertimos el fallo emitido por la corte de Distrito de que PLCAA impide presentar a México su demanda y solicitamos que se reanude el proceso judicial”, se lee en el fallo, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El fallo es histórico. Es la primera vez que una corte de apelaciones toma una decisión en este sentido desde que la ley que da inmunidad a las armanderías entró en vigor, en 2005. “Es un gran avance para que la industria de las armas rinda cuentas por su contribución a la violencia armada y para detener el flujo de armas traficadas a los carteles”, señaló Jonathan Lowy, uno de los abogados que representa al Gobierno de México, en un comunicado.
La lista de empresas demandadas por México incluye a Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger, productores de las armas más populares entre los carteles mexicanos. El Gobierno mexicano los acusa de prácticas comerciales negligentes: asegura que tienen estrategias deliberadas de marketing y diseño de productos para ser atractivas para los grupos criminales y beneficiarse del tráfico ilegal. Mientras las drogas van de sur a norte, los fusiles llegan en la dirección contraria. Las compañías demandadas producen el 68% de las cientos de miles de armas que ingresan al país de forma ilegal cada año, según la demanda.
El caso contra los productores de armas se fraguó durante la gestión de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores. La intención era sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a las armerías para que respondan sobre la ola de violencia que azota al país latinoamericano. La demanda data desde agosto de 2021, originalmente presentada contra 11 compañías. El Gobierno mexicano ha tenido que sobreponerse a varios obstáculos legales, como demostrar que tiene personalidad jurídica para llevar el proceso en Estados Unidos o que los hechos reclamados puedan ser juzgados por una corte estadounidense, a pesar de que sus implicaciones afectan a México. Las autoridades mexicanas buscan una indemnización por daños que será definida por el tribunal, pero que podría alcanzar el 2% del PIB de México, señalaron fuentes diplomáticas a este diario hace más de dos años.
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“Es un gran paso”, dijo Ebrard, que dejó su puesto como canciller en junio del año pasado para buscar la candidatura presidencial de Morena, el partido gobernante. Bárcena, su sucesora en el cargo, hizo un exhorto este lunes a que las autoridades estadounidenses investiguen más a fondo el tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército de EE UU a México. El tema se ha convertido en una constante en la mesa bilateral de negociaciones y en los encuentros diplomáticos entre ambos países, como en la reunión ministerial que ambos Gobiernos sostuvieron la semana pasada en Washington. En el frente legal, la batalla regresa a Massachusetts, en un proceso previsto a durar varios años.
FUENTE: EL PAÍS
