Rogerio Castro Vázquez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, enfrenta una posible remoción de su cargo tras ser vinculado al fraude del Cártel Mañé. El funcionario está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente brindar protección a este grupo criminal, involucrado en múltiples estafas a través de predios inconclusos y ventas ilegales de propiedades.

El fraude fue expuesto por Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, quien reveló que se registraron 178 denuncias en Yucatán. A través de las constructoras Sucovisa y Comasa, propiedad de la familia Mañé, se vendieron predios en varias ocasiones, lo que requería la complicidad de empleados del Infonavit, incluyendo a los delegados de turno, quienes tienen la autoridad para aprobar créditos.

A pesar de que Castro Vázquez reconoció tener conocimiento del fraude, aseguró que fue al final de la administración pasada y señaló a una financiera como la responsable, aunque no especificó cuál. En sus declaraciones patrimoniales, el funcionario ha enfrentado cuestionamientos debido a la falta de transparencia sobre sus ingresos y bienes, que incluyen una propiedad adquirida en plena pandemia por 3.45 millones de pesos.

Investigaciones adicionales indican que Castro Vázquez utilizó su cargo para involucrarse en negocios inmobiliarios, en particular en Tixkokob, donde, con la ayuda de Minerva Santos Concha, utilizó su influencia para desarrollar un fraccionamiento, beneficiándose de relaciones con las constructoras implicadas en el fraude.

Las acusaciones de corrupción y conflicto de interés en su gestión podrían afectar gravemente su permanencia en la administración pública, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.