a dependencia tendría que devolver los recursos a los inversionistas si ya no se permitirá el desarrollo.
Los ingresos por la venta del proyecto de Malecón Tajamar ascienden a mil 997 millones 368 mil 511.35 pesos, los cuales el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) tendría que devolver a los inversionistas si el fallo final ya no permite el desarrollo.
De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia federal a través de transparencia, la comercialización fue de 116 terrenos en 11 lotes, para los cuales se invirtieron 122 millones de pesos para la urbanización.
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Tajamar es un proyecto que fue presentado en 2005, aunque un año después fue cuando en el Periódico Oficial se publicó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Malecón, en el que se especificó que el proyecto abarcaría siete mil 897 viviendas con comercio; 1% condominios turísticos y 50% residencias y departamentos.
Uno de los inversionistas es el empresario Francisco Córdova Lira, quien hace cinco años compró a Fonatur en el sitio, y quien espera obtener una información sobre el reciente fallo que emitió el Tribunal tercero, aunque lo que ahora le interesa es que le devuelvan la inversión, pues realizar algún proyecto en Cancún se ha vuelto casi imposible.
El amparo fue dado a conocer por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) el pasado 23 de junio, aunque no es definitorio, ya que falta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta ahora no se tiene un comunicado oficial por parte de las autoridades hacia los inversionistas, aunque tampoco presionaron a Fonatur para que evaluara el resolutivo para que comunique la conclusión y pasos a seguir.
“En lo personal ya no existe una posibilidad en Cancún para aceptar un terreno ya que estoy convencido de que será difícil trabajar por la posición de los grupos ambientalistas y no tiene caso que el inversionista tarde tanto en hacer algo”, agregó Córdova Lira.
Katherine Córdova Ender, representante de Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo, explicó que ya está demandada la Prelatura por insistir en construir en el sitio, además de siete carpetas de investigación que se mantienen ante la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales están ante inversionistas y Fonatur.
“Los ciudadanos comenzamos la lucha el 29 de julio de 2015, cuando nos informaron que la flora y fauna estaba en peligro y por ello se implementaron tres campamentos para cuidar el lugar; sin embargo, es en septiembre cuando iniciaron los grupos y las denuncias en contra del proyecto para dejar protegidos los predios y no sólo 10 que eran de la empresa Bi & Di.
Bi & Di fue multada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por 6.6 millones de pesos, ya que no acreditó contar con las autorizaciones de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Fuente: Sipse
