Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) resolver en un plazo de 30 días hábiles si ejercerá acción penal contra Calizas Industriales del Carmen (Calica), por la presunta extracción no autorizada de roca caliza y daños ambientales en Quintana Roo. El mandato surge luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concediera un amparo a la filial de la estadounidense Vulcan Materials.
Los magistrados resolvieron por unanimidad que la FGR violó el derecho de la empresa a una justicia pronta, al incurrir en una demora injustificada durante más de siete años sin definir el rumbo de la investigación. Según el fallo, ya existen actos de investigación suficientes para tomar una decisión, lo que hace innecesario seguir dilatando el caso.
La sentencia señala que la Fiscalía justificó su inacción alegando que aún tenía pruebas pendientes desde 2021, pero incluso intentó repetir algunas por no obtener los resultados esperados, sin haber actuado con diligencia. Esta conducta fue calificada como una falta grave al debido proceso.
Además, el tribunal subrayó que, durante el juicio de amparo, la FGR tuvo libertad para continuar investigando, ya que no existía ninguna suspensión judicial que se lo impidiera. Sin embargo, no hay evidencia de que lo haya hecho, lo que pone en duda la buena fe de su actuación.
La denuncia contra Calica fue presentada el 11 de abril de 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a la presunta explotación de roca caliza por encima de lo permitido en el predio El Corchalito, ubicado en Playa del Carmen. Esta actividad estaba regulada por un permiso otorgado en noviembre del 2000 para extraer por debajo del manto freático.
Cinco años después del inicio de la investigación, en abril de 2023, la empresa solicitó formalmente a la FGR que definiera si ejercería acción penal, archivaría el caso o lo enviaría a reserva. Con el fallo del tribunal, la Fiscalía está obligada a dar respuesta en el plazo establecido.
