El juez a cargo del caso conocido como ‘Stormy Daniels’ -por falsificación de registros comerciales para ocultar el pago de un soborno- ordenó que la sentencia se retrase de forma indefinida. Una victoria legal para el presidente electo mientras se prepara para regresar a la Casa Blanca. Por ese caso, Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves el pasado mayo, después de que un jurado determinara que había manipulado fraudulentamente registros comerciales para encubrir un supuesto encuentro sexual con una estrella porno antes de las elecciones de 2016, así como el pago por su silencio.
Los fiscales argumentaron que ocultar la supuesta cita tenía como objetivo ayudarle a ganar su primera candidatura a la Casa Blanca, en 2016. Trump, cuya sentencia estaba prevista para el próximo 26 de noviembre, luchó contra cualquier intento de sentenciarlo antes de su regreso a la Presidencia, el próximo 20 de enero. “Se ordena que se conceda la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024”, afirmó el juez Juan Merchán.
El juez concede a Trump solicitar anulación de la condena
Antes de las elecciones del pasado 5 de noviembre, el equipo legal de Trump presentó una moción ante el magistrado en la que pedían desestimar el caso, al citar una sentencia del Tribunal Supremo que otorga a los presidentes una amplia inmunidad por actos oficiales.
Ese fallo histórico vio a la corte, con una mayoría conservadora de 6 a 3, decidir que los mandatarios tienen inmunidad general contra el enjuiciamiento por una serie de actos oficiales cometidos mientras están en el cargo.
Este viernes, el juez concedió a Trump permiso para solicitar la anulación de la condena, lo que probablemente implicará varias vistas más que podrían retrasarse una vez que Trump haya jurado su cargo.
“La solicitud del acusado de tener permiso para presentar una moción de desestimación (…) Se concede”, añadió Merchán.
En un caso separado de interferencia en las elecciones de 2020, el abogado especial Jack Smith se movió para anular los plazos, retrasando el caso indefinidamente – pero sin abandonarlo por completo.
La medida estaba en consonancia con la política de larga data del Departamento de Justicia de no procesar a presidentes estadounidenses en ejercicio.
El fiscal de Manhattan reconoció previamente, en correspondencia con el tribunal, que “estas son circunstancias sin precedentes” y pidió que se equilibren los intereses contrapuestos del veredicto del jurado y la elección de Trump.
El exfiscal general de Trump, Bill Barr, aseguró previamente que tanto el caso de Nueva York como otros en todo el país habían sido “claramente presentados con fines políticos (y) ahora han sido ampliamente ventilados y rechazados en el tribunal de la opinión pública.”
Trump se ha burlado repetidamente de este caso al calificarlo como una «cacería de brujas», por lo que ha afirmado que “debería ser legítimamente terminado».
Junto con la causa de Nueva York, llevado por fiscales estatales, Trump se enfrenta a dos casos federales activos: uno relacionado con su esfuerzo por anular las elecciones de 2020 y otro relacionado con documentos clasificados que supuestamente manejó mal después de dejar el cargo.
Sin embargo, como presidente, podría intervenir para poner fin a esos litigios judiciales, y Smith, el abogado especial que se ocupa de ambos casos, al parecer, ha comenzado a cerrarlos.
Un juez federal nombrado por Trump ya desestimó el caso de los documentos, pero Smith había intentado apelar esa decisión.
FUENTE: PROCESO
