Miles de extranjeros residen y trabajan en Quintana Roo sin pagar impuestos gracias a un vacío en la regulación migratoria, afectando gravemente las finanzas públicas del estado.
En Quintana Roo, más de 24 mil extranjeros evaden el pago de impuestos en México al aprovechar un vacío legal relacionado con el uso de la visa de turista, según revela Jesús Rodríguez Dorantes, catedrático y asesor en materia fiscal de varios organismos del Gobierno Federal. Este fenómeno migratorio se ha intensificado desde la pandemia de Covid-19, impulsado por la modalidad de trabajo remoto y la crisis económica en países latinoamericanos como Argentina.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que 44 mil 200 extranjeros residen en el Caribe Mexicano, de los cuales solo 20 mil 200 han regularizado su situación migratoria al obtener la residencia en México. Sin embargo, el resto, principalmente argentinos, trabaja bajo la condición de turista, evitando así el pago de impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como su inscripción en el Régimen Federal de Contribuyentes.
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El catedrático detalla que el Censo Económico reveló que más de 27 mil extranjeros trabajan en Quintana Roo, pero cerca de la mitad lo hace en el sector informal, lo que agrava la situación. Según la ley mexicana, cualquier persona que permanezca más de 183 días en el país se convierte en residente fiscal, lo que implica que deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias que los ciudadanos mexicanos.
Rodríguez Dorantes señala que en Quintana Roo, al igual que en los estados fronterizos del norte, los extranjeros aprovechan la cercanía con otros países para salir y regresar a México, renovando así su visa de turista por otros 180 días. Esta práctica, conocida como “visa run”, ha generado un aumento en la evasión fiscal. En febrero pasado, cinco argentinos fallecieron en un accidente carretero mientras realizaban esta maniobra a través de Belice, un caso que se viralizó y expuso la magnitud del problema.
Rodríguez Dorantes estima que la evasión fiscal causada por esta situación representa una pérdida anual de mil 200 millones de pesos para las finanzas públicas. Además, advierte que, dado el creciente número de extranjeros que emplean esta estrategia, la situación podría empeorar. Aunque no tributan como los mexicanos, estos residentes informales demandan servicios públicos y atenciones, lo que incrementa la carga para el estado.
Este problema fiscal y migratorio pone en evidencia la necesidad de revisar y ajustar las regulaciones migratorias para evitar que la evasión fiscal continúe creciendo y afectando las finanzas de Quintana Roo.
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