Un emplazamiento defectuoso del área de responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permitió al exdirector administrativo de los Servicios Estatales de Salud en Quintana Roo, Raúl Rolando Aguilar Laguardia, atajar una acusación por un presunto quebranto económico de 29.9 millones de pesos.
Al exservidor público —que despachó de 2012 a 2016 durante el gobierno de Roberto Borge— se le atribuye (junto a otros dos funcionarios) conductas irregulares que integran un procedimiento de responsabilidad resarcitoria por el pago inexistente de un seguro popular por 29 millones 979 mil 999 pesos.
Los cargos obedecen a que dejó de administrar debidamente los recursos federales de la Cuota Sindical y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular 2014), lo que supuestamente pretendió ocultar con pagos al Proyecto Tecnológico de Sistemas de Información, sin que exista evidencia de su aprobación por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
En el pliego de observaciones de la auditoría PO 1366/16 (del 19 enero de 2017), se asienta que los hechos denunciados se habrían dado el 4 de abril y 10 de diciembre de 2014, y el 20 y 22 de mayo, y 27 de julio de 2015.
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Como parte del mismo procedimiento se requirió a Borge Angulo para que solventara los faltantes, sin que pudiera acreditar la recuperación del daño causado, lo que dio origen al procedimiento de responsabilidad DGRRFEM/D/03/2019/14/058.
Además de Aguilar Laguardia, están señalados el exsecretario de Salud estatal, Juan Ortegón Pacheco, y el exsubdirector de Recursos Materiales de la misma dependencia, Jesús Raúl Mezquita Mayora, a quienes en su momento se ordenó inmovilizar cuentas bancarias como parte de la investigación FGE/QR/OPB/12/1394/2017.
Inconforme con el pliego de responsabilidades, el exdirector administrativo llevó el caso ante la justicia federal y obtuvo una resolución favorable del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en Cholula, Puebla, el 7 de noviembre pasado.
El órgano jurisdiccional fungió como auxiliar en el recurso de revisión 28514119 interpuesto ante el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Quintana Roo.
El recurso jurídico fue contra la sentencia de amparo 25842198 del Juzgado Primero de Distrito, que le negó la protección constitucional el 17 de febrero de 2021.
El fallo del tribunal revisor ordenó al órgano fiscalizador restituir el procedimiento para que el acusado pueda ser llamado a una audiencia, en la que podrá aportar pruebas en su defensa antes de que se dicte el pliego definitivo de responsabilidades por parte de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios.
Sobre este mismo personaje pesa otro procedimiento de responsabilidad por un presunto quebranto de 12 millones 802 mil 566.79 pesos vinculados al contrato de obra pública de la primera etapa de construcción de la primera etapa del Hospital de Especialidades de Chetumal.
El caso tiene el número DGR/B/03/2020/R/15/055 ante la misma Dirección General de Responsabilidades de la ASF, cuya notificación de comparecencia se hizo por edictos el 23 de marzo de 2020.
Los cargos tienen que ver con la autorización de diversas estimaciones del contrato de obra pública número SESA-DDIS-FPCGC-LP-OP-05-2015, del cual se detectaron diferencias en la cuantificación de los volúmenes de obra.
Los conceptos irregulares se identificaron con los números 5-005-02.0-003, 5-005-02.0-006, 5-005-02.0-007, HEC-Extra001, 5-001-02.3-004, 5-001-02.3-005 y HEC-Extra329DV, por 9 millones 664 mil 805.84 pesos.
Igualmente, diferencias en la aplicación de precios extraordinarios en los conceptos números HEC-Extra 002 y HEC-Extra 008 A, por 505 mil 054.95 pesos.
Además, por pagos indebidos de obra estimada no ejecutada en los conceptos números 5-005-04.0-003,5-005-03.0-003, 5-005-03.0-004, 5-005-03.0-005 y 5-005-03.0-006, por 2 millones 632 mil 706 pesos.
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FUENTE: LUCES DEL SIGLO
